La sospecha de que el sistema judicial está blindando a la infanta Cristina de Borbón con un supuesto trato de favor se ha abierto paso con fuerza entre amplias capas de la opinión pública y una gran mayoría de juristas. Primero fue el recurso del fiscal anticorrupción de Baleares contra la imputación acordada por el instructor delcaso Nóos, José Castro; más tarde el fallo exculpatorio de la Audiencia de Palma, que dejó en suspenso aquélla; y ahora el dictamen de la Agencia Tributaria, que no ve delito fiscal en la actuación de la hija del Rey como copropietaria de la mercantil Aizoon. Pero hay más: la duquesa de Palma podría beneficiarse de la llamadadoctrina Botín para esquivar el banquillo, incluso aunque fuera imputada.
La polémica está servida. Destacados expertos en Derecho Procesal y Penal consultados por El Confidencial coinciden en que, si la Fiscalía y las acusaciones particulares renuncian a atribuir alguna conducta delictiva a la infanta Cristina, como parece más que probable, la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpiasno bastaría por sí sola para sentarla en el banquillo y condenarla en un juicio oral, aunque el juez Castro le imputara varios delitos. Ésa es la esencia de la polémicadoctrina Botín, que algunos de los juristas consultados rechazan frontalmente, aunque intuyen que, tratándose de un miembro de la familia real, las posibles trabas a su aplicación se diluirían para salvaguardar a la Corona.
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