El cierre del censo ha dado paso a la retirada de 160 toneladas de 200 viviendas ya inscritas.
• El Cabildo informará de la apertura del siguiente censo, mientras no hay nada que temer porque el peligro es nada más al manipularlo.
El Cabildo de Gran Canaria es la primera institución de España en poner en marcha una campaña de retirada de amianto de viviendas particulares desde la retirada a su gestión como residuo, una acción a la que dará continuidad con la apertura de un nuevo censo tras finalizar esta campaña, que se prolongará durante 2021 con un presupuesto de 345.000 euros.
La peligrosidad de este material contenido en la conocida uralita se circunscribe únicamente al momento en el que es manipulado, pues al partirse desprende microfibras que no deben ser respiradas, pero mientras el material no sea manipulado, no hay nada que temer. Si la pieza de uralita fracturó por sí sola en algún momento, en un temporal que hizo volar la tapa de un bidón, por ejemplo, las microfibras se desprendieron en ese momento.
Por este motivo, puede ser retirado solo por empresas especializadas con los conocimientos necesarios y equipos de protección individual (EPI), previamente autorizadas por el Gobierno de Canarias y cuyo listado puede ser consultado en: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/trabajo/icasel/.content/PDF/EMPRESAS_CON_RIESGO_DE_AMIANTO_RERA.pdf.
Y desde luego, la uralita no puede ser depositada ni junto a contenedores ni en ningún otro lugar que no sea el previsto para ello, lo que acarrea multas de 30.000 a 60.000 euros porque al ser un material peligroso, la infracción está considerada por la normativa estatal y regional como muy grave.
Tanto es así, que el material no se queda en Canarias, ya que las empresas que lo retiran lo tratan para su posterior envío a la Península, donde es finalmente gestionado en una planta especializada en este tipo de residuos peligrosos, de ahí que el coste de retirada oscile entre 600 y 1.000 euros.
Por todo ello, el Cabildo ha lanzado esta campaña con la que acometerá la retirada progresiva directamente en las viviendas, en cualquier caso la consecuencia de actuar incorrectamente es muy superior al coste de retirada, aunque ello no ha impedido que la población convierta diversos puntos de la geografía insular en depósitos ilegales.
Esta iniciativa del Cabildo está prevista solo para viviendas particulares y para retirar elementos no estructurales, es decir, bidones, planchas, jardineras y objetos similares, y continuará con la reapertura de un nuevo censo tras testar el resultado de la campaña que acaba de arrancar y que es la primera que ejecuta una institución en el país.
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