Podemos exige al Ayuntamiento de Santa Brígida que acate las sentencias sobre las tasas por la reserva de aparcamiento a las personas con movilidad reducida
La formación morada en el municipio insiste en que el problema con las tasas por el aparcamiento reservado a personas con movilidad reducida sigue sin solucionarse
Podemos ha exigido al Ayuntamiento de Santa Brígida que “acate las sentencias judiciales y deje de reiterarse en acciones ilegales y discriminatorias, que atentan contra la dignidad y que además suponen un coste a las arcas municipales innecesario e indecente que bien podría emplearse en cubrir otras necesidades de la ciudadanía”.
Se refiere la formación morada a las tasas por ocupación del suelo público para personas con movilidad reducida que, tras intentar infructuosamente que fueran eliminadas “por incurrir en una discriminación manifiesta hacia estas personas”, son contrarias a ley.
Así lo ha dictaminado la justicia en dos ocasiones tras los dos recursos que la vecina afectada se vio obligada a interponer “para exigir vía judicial los derechos que la ley le reconoce y que el gobierno municipal insiste en ignorar”, en palabras de la secretaria general, Mari Carmen Martín.
Según explica Martín, los tribunales no sólo le dan la razón, “sino que además reconocen la ilegalidad de la normativa aplicada, lo que desmonta por completo el argumento falaz defendido por el gobierno municipal cuando se dio a conocer la primera sentencia, cuando quisieron sostener que ésta sólo afectaba a este caso particular y que no es aplicable a otros”.
A día de hoy esta persona ha ganado los dos recursos contencioso-administrativos interpuestos y está en trámite la cuestión de ilegalidad ante el Ttribunal Superior de Justicia de Canarias, “pero parece que para el Consistorio satauteño no es suficiente”, lamenta Martín. “No sólo no le han devuelto lo embargado inicialmente, es que tiene una notificación de apremio por la tasa de 2017 y su recargo correspondiente, la cual ya había recurrido con las sentencias en la mano el 1 de septiembre”.
Cabe destacar que la notificación tiene fecha límite el 20 de noviembre, por lo que todo parece indicar que volverán a embargarle y tendrá que interponer el tercer recurso contencioso-administrativo.
“Cada sentencia condena al Ayuntamiento en costas, más de 3000 euros de las arcas públicas tirados por cada procedimiento, más el coste de la defensa”, denuncia la secretaria general, quien recuerda que el pasado año el Gobierno municipal suprimió de la ordenanza la obligación de pago de tasas de las terrazas de bares y restaurantes a cambio de que los empresarios no protestaran por la regulación de horarios. “Parece que al grupo de gobierno les importa poco regalar el espacio público a empresas privadas mientras que se resisten a cedérselo a las personas con movilidad reducida”, acusa.
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