El Comentario’ Por Ezequiel López

Nueva Canarias, en este comunicado emitido el 23 de octubre del año 2013, termina 

diciéndonos en los puntos 7 y 8 lo siguiente:

Reclamar un pronunciamiento público de quienes ante todo esto guardan silencio al mismo tiempo que exaltan la importancia de la transparencia en la política

**El Comentario, a diario

La finca de San Rafael es una pena que no se le meta mano judicialmente después de haber conocido su sentencia, dejándola dormir el sueño de los justos, al menos sin que sepamos que se ha hecho algo al respecto. La hemeroteca está ahí y nos da algunas claves que les pueden valer a nuestros gobernantes actuales en el Consistorio teldense, para refrescarles la memoria y animarles a que vuelvan al ataque por salvaguardar lo público ayer y hoy con más razones.

En el año 2013 Nueva Canarias sacaba un comunicado que emitía la formación, que en aquel entonces ya presidía Carmen Hernández, la actual alcaldesa. El comunicado, comprometido, venía a decirle a la ciudadanía lo siguiente: ante el nuevo auto judicial conocido en los últimos días en referencia a la causa abierta por la operación de compraventa, mediante permuta, de la finca de San Rafael, realizada en el año 2004, durante el mandato de PP y AFV Ciuca, en el que ‘se ratifica una vez más, la más que probable comisión de un delito de prevaricación por destacados dirigentes políticos de nuestra ciudad, como así habían anteriormente manifestado tanto el TSJC como la Audiencia Provincial a instancia de la acusación pública de nuestra organización política, Nueva Canarias quiere hacer llegar a la opinión pública lo siguiente’: () y nos destaca cuestiones muy interesantes que se debieran de retomar, con más razones ahora, pues están en el Gobierno y con muchas más posibilidades de conocer hasta donde es el alcance del cumplimiento de la sentencia y hacerlo público con la mayor transparencia, para saber que va a pasar con el patrimonio municipal y si recuperamos los 10 millones que hay que devolver a las arcas municipales según sentencia.

El comunicado sigue diciendo, en el punto dos, ‘recordar que la causa fue abierta en primera instancia por iniciativa y acusación popular, presentada a instancia de responsables públicos de Nueva Canarias, ante la presunción de que se hubieran podido cometer las irregularidades que ahora, nuevamente una instancia judicial de rango, ratifica y mandata obrar en consecuencia por la vía penal’. Me saltaré algunos puntos del comunicado emitido en aquel entonces, el punto cuatro dice : ‘que en contra de lo que en pura lógica cabría suponer de un servidor público, ni las personas a las que directamente se señala en el auto, ni los partidos a los que pertenecen, hoy de nuevo con responsabilidad de Gobierno de esta ciudad, han tomado iniciativa alguna para reponer el interés general del municipio manifiesta y ostensiblemente perjudicados como se reconoce en los pronunciamientos que el TSJC y la Audiencia Provincial han emitido’. Hablan en este punto que quienes gobiernan en esos momentos PP y AFV Ciuca, no actúan como debieran para defender los intereses de los ciudadanos, en el punto cinco del comunicado, Nueva Canarias le dice; ‘reiterar nuestra más enérgica denuncia pública de como la connivencia que destacados dirigentes de los partidos PP y AFV Ciuca, mantienen con intereses empresariales sigue perjudicando impunemente los intereses generales de los teldenses, esta vez, al dejar de cobrarle los 10 millones de euros que la empresa Santana Cazorla debe reponer a las arcas municipales por sentencia firme relacionada con este caso, a la par que se asfixia a los ciudadanos con una presión fiscal brutal’. Nueva Canarias, en este comunicado emitido el 23 de octubre del año 2013, termina diciéndonos en los puntos 7 y 8 lo siguiente: ‘reclamar un pronunciamiento público de quienes ante todo esto guardan silencio al mismo tiempo que exaltan la importancia de la transparencia en la política’, y por ultimo dicen, ‘reclamar igualmente que quien detenta la responsabilidad del patrimonio histórico del municipio palie con urgencia el abandono, deterioro y agresión galopante que está sufriendo la histórica edificación y finca de la que sigue siendo propiedad a día de hoy este Ayuntamiento, so pena de que tarde o temprano también tengamos que estar hablando de causas penales abiertas en demanda del cumplimiento de lo estipulado por la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en su capítulo II (artículos 323 y 324) para situaciones de este tipo’.

Creo que mi aportación está hecha, he rebuscado y he encontrado este comprometido comunicado que en el 2013 se lanzaba desde la oposición, ahora dentro del Gobierno y con ganas de ir dándole cordura a las cuestiones de recuperación patrimonial y económica para la institución y con toda la documentación al alcance no veo motivos para mirar a otro lado y predicar con el ejemplo, aunque cada vez más, el ciudadano va entendiendo aquello de... una cosa es predicar y otra dar trigo.

http://www.canariasopina.com.es/articulo/19902