[Comunicados Ecologistas Canarias] NP de la Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar, Saturnino García

La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar defiende que los barrancos dejen de ser suelo minero

La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar ‘Saturnino García’ desmiente las informaciones vertidas por medios de comunicación respecto al sentido de la Iniciativa Legislativa sobre la ordenación y restauración de los Barrancos de Güímar.

La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar ‘Saturnino García’ defiende la Iniciativa Legislativa propuesta por el Cabildo de Tenerife en tanto su objetivo es conseguir la tan reclamada recalificación de los Barrancos, ahora catalogados como suelo minero, y con ello la eliminación permanente de las extracciones de áridos. La asociación sostiene que el contenido de la Ley, conocida por esta organización, no implica la exoneración del pago de la restauración para los areneros condenados.

De hecho, la Asociación considera que “esa Iniciativa Legislativa fue el fruto de muchos años de presión de la ciudadanía de Güímar y sus colectivos sociales”, buscando una solución definitiva para el problema, una vez que se logró la paralización de las canteras y, más recientemente, la condena judicial de los principales extractores.

Esta asociación, desde el momento de su constitución, ha estructurado su reivindicación en tres “principios irrenunciables”: la recalificación del suelo de los barrancos de minero a rústico agrícola o ambiental, de manera que no se pueda volver a autorizar ninguna cantera; la rehabilitación del suelo afectado por las extracciones y del cauce del barranco; y que el coste de la rehabilitación del suelo afectado por las extracciones sea asumido por quienes ocasionaron el daño.

Esta agrupación, integrada por personas afectadas por las extracciones, agricultores, vecinas y vecinos de Güímar, organizaciones ecologistas y colectivos sociales, sostiene que el texto de la Ley que ha generado tanta alarma social es conocida desde su redacción, y responde a sus reivindicaciones. De hecho, el texto normativo propuesto cambia la categoría del suelo a rústico de protección ambiental y prohíbe la comercialización y el uso de áridos fuera del ámbito de los Barrancos. Respecto a la restauración del espacio, insta a la realización de un Plan de Restauración, tras cuya aprobación los areneros ya condenados deberán cumplir el mandato judicial y restaurar, cada uno, el ámbito afectado por su actividad ilegal.

“Este mandato es completamente lógico, por cuanto los areneros no deben restaurar la zona como cada cual considere, sino siguiendo un planteamiento global y unitario. Para ello, deberán someterse a un Plan que deberá velar por el interés general y atender a la vocación que se le habrá asignado al suelo, que será la de recuperar y preservar los excepcionales valores naturales, agrarios y paisajísticos que posee esta cuenca hidrográfica”, afirman en un comunicado. En él también solicitan a la administración “la máxima celeridad en la elaboración del Plan, que necesariamente tiene que ser conocido y ratificado por la ciudadanía güimarera, pero que tiene que salir cuanto antes para que, por fin, se puedan ejecutar las sentencias condenatorias”.

Por todo ello, este colectivo traslada a la opinión pública que no se deje alarmar por las informaciones erradas que han circulado en algunos medios. “No se debe bloquear una iniciativa que, de una vez, debe conseguir que los Barrancos de Güímar dejen de ser un coto minero, con todos los perjuicios ambientales y de salud pública que ocasiona esta actividad, y que el municipio sufrió durante tantas décadas”, concluyen.