Mascarillas, comisiones y otras formas de respirar en España

 

Mascarillas y comisiones

Luis Seco de Lucena

Artículo de opinión

Hay juicios que parecen escritos por un guionista con resaca, de esos que mezclan intriga, comedia involuntaria y una cierta sensación de déjà vu nacional. El que estos días se ventila en el Tribunal Supremo con Ábalos, Koldo y el omnipresente Aldama como protagonistas, tiene ese aroma tan nuestro a escándalo que no termina de sorprender porque, en el fondo, ya nos sabemos el argumento.

España, ese país donde uno se acostumbra a que las mascarillas no solo sirvan para cubrir bocas, sino también vergüenzas. Y no me malinterpreten: las mascarillas eran necesarias, urgentes, casi sagradas en aquellos días en que el virus se paseaba por nuestras calles con la tranquilidad de un funcionario en agosto. Lo que no era tan necesario era convertirlas en un negocio digno de novela picaresca.

El asunto, visto desde lejos, tiene algo de sainete moderno. Unos intermediarios, unos contratos apresurados, unos precios que suben más rápido que la espuma de una caña mal tirada, y una red de nombres que suenan a despacho con moqueta y teléfono encriptado. Todo muy serio, naturalmente. Tan serio que uno no sabe si reír o revisar la cartera por si nos falta algo.

El ciudadano, ese personaje secundario al que solo se le da voz en época electoral, contempla el espectáculo con una mezcla de hastío y resignación. Porque ya ha visto esta obra antes. Cambian los actores, se actualiza el decorado, pero el libreto permanece intacto: urgencia, oportunidad, comisión. Y luego, años después, juicio.

Lo verdaderamente fascinante no es tanto lo que se juzga, sino lo que se normaliza. Que en medio de una crisis sanitaria global alguien pensara en hacer negocio no sorprende. La condición humana, cuando huele dinero, suele perder el olfato moral. Lo inquietante es que el sistema permita que eso ocurra con una naturalidad casi burocrática. Como si todo estuviera preparado para que, llegado el momento, alguien meta la mano y otro mire hacia otro lado.

Y ahí aparece el sarcasmo inevitable: España no es un país corrupto, no; es un país con una creatividad administrativa desbordante. Aquí no se roba, se “gestiona”. No se intermedia, se “facilita”. No se comisiona, se “optimiza recursos”. El lenguaje, ese gran aliado de la conciencia tranquila.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo hace su trabajo, que para eso está. Lento, meticuloso, casi quirúrgico. Como quien intenta desenredar un ovillo que alguien ha disfrutado enredando durante meses. Y uno quiere confiar, claro que sí. Porque la justicia, aunque llegue tarde, sigue siendo lo único que nos separa del puro desorden.

Pero hay algo que se queda flotando en el aire: la sospecha de que, pase lo que pase, el daño ya está hecho. No solo el económico, que también, sino el moral. Ese que no se cuantifica en euros ni en sentencias, pero que erosiona poco a poco la confianza de la gente.

Y así seguimos, entre juicios, titulares y esa sensación tan española de que todo cambia para que, en el fondo, todo siga igual. Uno casi echa de menos a los viejos pícaros de novela, que al menos tenían la decencia de ser pobres. Estos, en cambio, parecen haber hecho un máster en oportunidad.

En fin. Que las mascarillas protegían del virus, pero no de la tentación. Y contra eso, por desgracia, aún no han inventado vacuna.