IUC denuncia el discurso patronal que criminaliza a la clase trabajadora y abre la puerta a la explotación laboral de personas migrantes

La formación rechaza las amenazas del sector de la construcción de traer mano de obra extranjera como coartada para precarizar condiciones laborales y reclama un modelo productivo basado en derechos, formación y empleo digno 

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha mostrado su más rotundo rechazo a las declaraciones de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, que ha anunciado la contratación masiva de trabajadores de países latinoamericanos como “respuesta” al supuesto “absentismo laboral” en el sector de la construcción en Canarias. 

Desde la formación se denuncia que esta estrategia no es más que un intento encubierto de importar mano de obra vulnerable para explotarla en condiciones laborales indignas, bajo el disfraz de una solución empresarial moderna. “Quienes hoy hablan de absentismo laboral en Canarias, lo que realmente quieren es precariedad legalizada y trabajadores sin capacidad de organización ni derechos. Pero sean de aquí o de cualquier parte del mundo, las personas que trabajan en este país tienen y tendrán los mismos derechos laborales, y los defenderemos codo con codo”, ha afirmado Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IU en Canarias. 

Para la organización de izquierdas, el relato empresarial pretende culpabilizar a quienes se enferman, disfrutan de sus vacaciones o no aceptan condiciones laborales abusivas, cuando los datos apuntan a que el 90 % del llamado “absentismo” son bajas justificadas y derechos reconocidos. En lugar de afrontar los problemas estructurales del sector, como la falta de relevo generacional, la precariedad histórica o la ausencia de inversión pública en formación profesional, se opta por el atajo de la externalización humana. 

“La época de ‘si no lo coges tú, tengo 20 esperando fuera’ ya pasó. Con la reforma laboral, con más contratación estable y una sociedad que defiende sus derechos, se acabó el chantaje”, ha añadido Tamayo. “La vida, la salud y la dignidad no se negocian, y no vamos a permitir que se use a las personas migrantes como carne de obra barata en barracones disfrazados de viviendas industrializadas”.

a organización también ha criticado que se intente lavar la imagen de estas condiciones con supuestos sueldos dignos o viviendas de 30 metros cuadrados instaladas sobre suelo rústico. “Ningún salario justifica la vulneración de derechos ni el uso del suelo común para alojar en masa a personas con tal de maximizar beneficios. Eso no es innovación, es explotación encubierta”, denunció Tamayo. 

Desde IUC se subraya además la enorme contradicción de un sector que presume de cifras de facturación millonarias y, al mismo tiempo, afirma no encontrar trabajadores locales. “¿No será que lo que no encuentran son personas dispuestas a ser explotadas? ¿No será que el problema es un modelo productivo que necesita trabajadores sin voz ni derechos?”, se preguntó la dirigente. 

Frente a este modelo de precariedad y explotación, Izquierda Unida Canaria defiende una transformación estructural del sector de la construcción que apueste por un horizonte de justicia social y sostenibilidad. Es urgente invertir en formación profesional dual que cualifique a la juventud canaria en empleos verdes y de valor añadido, al tiempo que se activan planes de empleo dignos con contratación directa desde el sector público y condiciones laborales estables. 

Además, IUC propone un giro en las políticas urbanas que priorice la vivienda social y la rehabilitación sostenible frente a la especulación, y una coordinación efectiva con el tercer sector y los sindicatos para garantizar la integración laboral de las personas migrantes desde el respeto a sus derechos y dignidad. 

“La clase trabajadora canaria y migrante no será el chivo expiatorio de un sistema que solo quiere acumular riqueza a costa del esfuerzo ajeno. Lo que necesitamos no es más precariedad disfrazada de oportunidad, sino justicia social, igualdad de condiciones y respeto a los derechos laborales. Lo que toca ahora es evidenciar la plusvalía que genera la clase trabajadora, no criminalizarla”, concluyó Tamayo.