SE ACABA EL TIEMPO PARA TRATAR DE EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE TINDAYA

Dos décadas después de que el fallecido escultor vasco Eduardo Chillida

tuviera la desafortunada  idea de agujerear y vaciar Tindaya, para construir un"Monumento a la Tolerancia", el Cabildo de Fuerteventura y el Ejecutivo regional  continúan dispuestos a imponer la  infraestructura que destruiría la montaña sagrada de los majos -antiguos habitantes de la isla-.

   

El proyecto de Eduardo Chillida en la Montaña de Tindaya cuenta con un respaldo institucional unánime en Fuerteventura y el apoyo de la mayor parte de fuerzas políticas, pero también tiene el rechazo, que trasciende los límites de la Isla, de grupos ecologistas y expertos en los ámbitos del medio ambiente, el patrimonio o la geología, así como con los informes desfavorables de las dos universidades del Archipiélago.

   El pasado año, el Gobierno autonómico y el Cabildo majorero constituían la Fundación canaria ‘Monumento a la Tolerancia’ para reimpulsar las obras que supondrían la destrucción de la montaña. Una iniciativa denunciada por la federación ecologista Ben Magec, que apuntaba entonces a la realización por parte de la COTMAC de una nueva  "declaración de impacto medioambiental a la medida del proyecto de Chillida".

   A finales del 2016, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales  anunciaba que prevé que  “se pueda empezar a trabajar físicamente en Tindaya en 2018".

   Todavía no hay cifras oficiales del coste previsto para estas obras, si bien Morales señala que los análisis previos apuntan a que el proyecto podría alcanzar los 80 millones de euros. Signficativamente, el presidente "nacionalista" del Cabildo, como el resto de sus correligionarios, insiste en despreciar los reconocidos valores ecológicos y culturales de Tindaya, asegurando que será solamente la obra de Chillida la que "coloquea Fuerteventura no sólo en el mundo del turismo, sino también del arte y la cultura”.

Como se recordará, este proyecto prevé perforar la montaña - calificada como Bien de Interés Cultural (BIC)- realizando en la misma un cubo de 50 metros cúbicos y un túnel de entrada de 200 metros con dos chimeneas. 

    Desde que en 1995 el Gobierno regional, presidido entonces por Manuel Hermoso, declaró la obra "de interés para las Islas", ésta ya ha costado a las arcas públicas unos 25 millones de euros sin que se haya movido ni una sola piedra.  Todo ello en un camino plagado de presuntas corruptelas, pleitos judiciales y enfrentamientos políticos.

   Ni la oposición al proyecto por parte de diversos colectivos sociales y ecologistas, ni la de más 200 profesionales de la cultura, la historia y la ciencia de toda el Estado han logrado modificar un ápice la determinación de las autoridades canarias de imponer esta megaconstrucción en la montaña sagrada.  Solo la organización de un amplio movimiento popular dispuesto a oponerse hasta el final al proyecto de Eduardo Chillida podría evitar su destrucción. Y el plazo para conseguirlo cada vez es más corto.

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Por ERNESTO GUTIÉRREZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-