La compañía prevé contratar personal canario tanto para trabajar en el buque que realizará las perforaciones, como para las labores de asistencia en tierra vinculadas a las catas
A falta de que Repsol y los ministerios competentes diluciden la decena de alegaciones a la que ha quedado reducida la masiva presentación de «fotocopias» de una misma alegación, pero firmadas por distintas personas, al estudio de impacto ambiental de las prospecciones petrolíferas proyectadas en aguas españolas próximas a Canarias, la compañía ya ha fijado un calendario para iniciar las perforaciones y los trabajos previos.
Este jueves el presidente de Repsol, Antonio Brufau, no sólo ha anunciado que, una vez cuenten con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), estiman iniciar la investigación de hidrocarburos en el mes de mayo, sino que ofreció detalles acerca de cómo será la base logística de apoyo necesaria para llevar a cabo los sondeos.
La compañía ha solicitado permiso a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que gestiona los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario, el alquiler de ambos recintos y de un muelle para instalar el centro de operaciones a partir de enero de 2014.
Repsol prevé contratar personal canario tanto para trabajar en el buque que realizará las perforaciones, como para las labores de asistencia en tierra vinculadas a las catas. En total, creará en torno a un centenar de puestos de trabajo en esta fase de arranque, entre personal de mantenimiento, electricistas, administrativos, peones de puente y otros muchos.
Requisitos de la base
La base deberá contar con un punto con prioridad de atraque para buques de cien metros de eslora y ocho metros de calado, unasuperficie de 17.000 metros cuadrados para maniobras, una nave de almacenamiento de 900 metros cuadrados, grúas para 250 toneladas, servicios de estiba, de suministro de combustible y de agua, así como servicios mecánicos, un helipuerto y servicios hospitalarios.
Tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, como los presidentes de las corporaciones insulares de ambas islas, Mario Cabrera (Fuerteventura) y Pedro San Ginés (Lanzarote), han rechazado de plano la oferta lanzada por Brufau de instalar bases en dichos recintos, por lo que previsiblemente el Puerto de Las Palmas la albergue, a la espera de que se formalice el permiso y superados todos los trámites pertinentes.
La localización de la base en Las Palmas ya se barajó como una de las opciones en el estudio de impacto ambiental donde se detallan las distintas alternativas de ubicación. Con su instalación en Las Palmas, será este recinto portuario el que se beneficie de los nuevos puestos de trabajo y de la inversión prevista por Repsol.
Cabe recordar que la Autoridad Portuaria de Las Palmas es una de las 28 que integran el sistema portuario español de titularidad estatal, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al organismo público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno de la Nación.
Goza de autonomía de gestión y su Consejo de Administración, que adopta los acuerdos, lo encabeza su presidente, Luis Ibarra, y junto a él, el director José Miguel Pintado, así como dos vocales de la Administración General del Estado, Pedro Mederos, responsable de Capitanía Marítima, y Gabriel Argüelles, subdirector de Puertos del Estado.
El Consejo lo componen, además, representantes del Ejecutivo canario, el vicepresidente José Miguel Pérez y Jorge Rodríguez, como viceconsejero de Presidencia; los presidentes de los Cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, José Miguel Bravo de Laguna y Pedro San Ginés, respectivamente; el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria,Juan José Cardona; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara; el presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias Jose Juan Ramos Pérez, o el máximo representante de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios de Las Palmas (ASEP), Miguel Rodríguez.
Precisamente, en una fase posterior, de Fomento depende el visto bueno al Plan de Contingencias Medioambientales de los sondeos para prever las medidas correctivas a adoptar en caso de accidentes medioambientales significativos, incluyendo la lucha contra la contaminación por derrames de hidrocarburos.
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