La acusación particular en la causa contra la concejal de Santa Cruz de Tenerife Ángela Mena, esposa del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, pide dos años de prisión y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público, la misma pena que solicita para los otros cinco acusados por presuntos delitos de «mobbing» a una funcionaria y de prevaricación administrativa. El caso se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
El escrito que la acusación particular ha elevado al susodicho juzgado, y al que ha tenido acceso este diario, narra un supuesto acoso laboral a una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el que Mena, de Coalición Canaria (CC), es la responsable del área de Viviendas Municipales.
El propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife acordó primeramente suspender el decreto, para después anularlo por medio de una sentencia fechada el 29 de abril de 2010. La sentencia condenó en costas al Consistorio de la capital tinerfeña, que no recurrió la decisión.
El escrito de la acusación narra también presuntos capítulos de «hostigamiento» hacia la funcionaria y expone supuestas acciones como la negativa de Mena a que «le fueran firmados los permisos y vacaciones desde la Concejalía que dirigía», lo que, siempre supuestamente, llevó a la funcionaria a tener que hacer estos trámites ante el jefe del Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos.
Junto con Mena están acusados también José Enrique Núñez, ex coordinador de Servicios Personales del Ayuntamiento; Nieves Pérez, directora general de Recursos Humanos; Miguel Ángel García, ex jefe de Recursos Humanos; María del Cristo Díaz, ex directora de Participación Ciudadana; y Dominga Electra Bermúdez, ex secretaria del Consejo de la Mujer. Tanto para Mena como para el resto de acusados, la acusación pide la misma pena: dos años de prisión, diez de inhabilitación e indemnización solidaria de 80.000 euros.
El caso comenzó cuando la funcionaria, que lleva en el Ayuntamiento desde 2004 (desde ese momento en problemas con la funcionaria interina que ocupaba su puesto) fue supuestamente «presionada» por Mena para que cambiase la valoración otorgada a la empresa Innova, la finalmente adjudicataria de un contrato en el que inicialmente no había sido la mejor valorada.
Que poca vergüenza tiene ese Paulino Rivero y su mujer, me parece indignante que hasta el fiscal se inhiba de un caso como este, e incluso lo defienda. Confío en que la justicia se cumpla y paguen por sus fechorías, aunque viendo al fiscal, no parece estar por la labor, confiemos en que los jueces si.
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