El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) inició ayer el expediente administrativo para aclarar la compra de vino peninsular por Bodegas Insulares. Para ello, inspectores del organismo del Gobierno canario recabaron la documentación correspondiente y se trasladaron a varias bodegas adscritas a esta empresa de la que el Cabildo es accionista principal.
Alfonso Juan López, director del ICCA, confirmó que el jueves recibieron una "denuncia anónima" a través de la que se informaba de la adquisición de unos 100.000 litros de vino procedente de La Mancha por un importe cercano a los 19.000 euros, que fueron pagados en efectivo. Así consta en la factura presentada como prueba y a la que tuvo acceso EL DÍA.
Según otras fuentes, el Instituto recabó de la Agencia Tributaria los datos precisos "para contrastar la documentación de entrada de contenedores". De hecho, "ese vino llegó en cuatro contenedores, al menos".
El procedimiento que seguía el vino en la Isla culminaba con su puesta en venta bajo la marca Viña Donia, "pero en botellas sin contraetiquetar". Fundamentalmente, este caldo es distribuido en el mercado hotelero de Canarias a través de una empresa comercializadora.
El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria aseguró que "no estamos para hacer valoraciones políticas de esto, sino para aclarar si ha ocurrido algo, qué ha ocurrido y cuáles deben ser las consecuencias".
"No vamos a seguir aguantando cacicadas ni de José Joaquín Bethencourt (consejero insular de Agricultura), ni de Carlos Alonso (presidente del Cabildo) ni de ninguno. Esto se ha terminado. Si se quieren enterar, bien; si no, lo harán en los tribunales, pero no soportaremos más esta situación. Lo que no necesitamos es la competencia desleal y la persecución de esta administración", aseguró Juan Jesús Méndez, presidente de Bodegas Viñátigo y secretario de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) y de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Calidad de las Islas Canarias.
Lo hizo el pasado mes de febrero, llegando a afirmar que "el Cabildo actúa al margen de la legalidad" porque "se convierte en bodeguero con los recursos económicos de todos" en la Bodega Insular de Tenerife, "que usa una infraestructura que vale más de 10 millones de euros por la que no paga canon de utilización. Esto es competencia desleal y una situación de ilegalidad que ya le hemos transmitido. Un político que persiste en una ilegalidad a sabiendas es un prevaricador".
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