Redacción Canarias-semanal.org.- La Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos Canarios (REDESSCAN) ha expresado públicamente su rechazo a las modificaciones que el Ejecutivo regional pretende realizar en la Ley 1/2007 de regulación de laPrestación Canaria de Inserción (PCI). Como se recordará, la PCI es una pequeña ayuda económica, de entre 450 y 650 euros al mes, que el Gobierno autónomo otorga actualmente a unas 3.000 personas en situación de exclusión social, a pesar de que - según datos oficiales del INE de 2013 - en el Archipiélago habría alrededor de 118.000 familias con todos sus miembros en paro y unos 140.000 desempleados que no reciben ningún tipo de ingreso.
La Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos Canarios advierte, en este sentido, que dicha modificación implicará "la imposición de más requisitos y obstáculos para acceder a este derecho y un acortamiento del tiempo de disfrute de la prestación de 2 a 1 año".
Además - añaden - "se quiere reducir la cuantía de la prestación, manteniendo a la mayoría de los perceptores no solo bajo el umbral de la pobreza, sino en pobreza extrema".
REDESSCAN destaca, asimismo, que el otorgamiento de las ayudas estará condicionado a la "existencia de fondos" que -según sus cálculos, realizados en base a la experiencia existente - "se acabarían en un plazo de cinco meses desde su inicio".
Por otro lado, La Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos apunta que las modificaciones no simplificarán los procedimientos para acceder a la PCI, no acortarán los tiempos e impondrán una "mayor rigidez en los cambios de las resoluciones en función de las cambiantes situaciones, sin evaluaciones ni comisiones de seguimiento".
Por todo ello, REDESSCAN concluye que el cambio legislativo se traducirá en una "una muy deficiente cobertura protectora, que llegará a menos personas y provocará que la gente viva con menos de 385 euros al mes".
En respuesta a esta situación, la Red reclama que las Islas cuenten con una cobertura protectora que llegue a todas las personas que lo requieran, "con una cuantía mínima por encima del umbral de la pobreza".
Para ello, demandan no solo "una mayor dotación presupuestaria y una visión estructural e integral de las situaciones de exclusión social y de su riesgo", sino también la eliminación de los requisitos para acceder a la PCI y que se potencie su complementariedad con otras prestaciones.
"Nuestra propuesta urgente incluye también - dicen - un aumento de la duración de la prestación hasta que sea necesaria; inmediatez en la resolución en un mes y, en cualquier caso, apoyo en los posibles meses de espera; el reconocimiento del derecho individual a recibirla, no asociado a la familia o unidad de convivencia; flexibilidad en el cambio de las resoluciones, sin rigidez burocrática y la implantación de procesos de evaluación y comisiones de coordinación y seguimiento".
Finalmente, REDESSCAN defiende la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de una"Renta Básica en Canarias que asegure a todas las personas condiciones de vida dignas, justas y la cobertura de los derechos".
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