Barcelona alberga estos días, 22 y 21 de abril, el primer encuentro Pan-Europeo de "Autoridades locales y nueva generación de Tratados de Libre Comercio". Y Greenpeace está presente para escuchar las razones y preocupaciones de los representantes de las ciudades europeas ante el asalto al poder municipal que se está gestando. Asalto que implica consecuencias importantes para las políticas ambientales municipales.
Los acuerdos de comercio e inversión que en estos momentos negocia la Unión Europea con EE.UU. (TTIP) y Canadá (CETA) ponen en riesgo el derecho y la capacidad legislativa de las entidades locales. Uno de los elementos fundamentales de estos acuerdos de comercio e inversión es la armonización, cooperación regulatoria y la reducción de lo que en su jerga llaman “burocracia mala”, barreras que pueden limitar el comercio y la inversión entre ambos lados del atlántico.
Esta nueva visión del marco regulatorio como una barrera al comercio significa, en la práctica, que en caso de aprobarse estos tratados los municipios y comunidades autónomas podrían perder parte de su capacidad de regular o gestionar asuntos vitales para el día a día de la población: vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación.
La apuesta municipal por la compra y apoyo desde criterios sociales o ambientales está en riesgo. El apoyo a productos de comercio justo, al consumo de proximidad (Km. 0), a la prestación de servicios con cláusulas sociales y ambientales podría tener sus días contados. Si siguen adelante estas negociaciones, en el futuro se haría imposible la acción municipal a favor de una contratación pública que tenga en cuenta criterios de eficiencia, proximidad, desarrollo sostenible local o el veto a sustancias o prácticas peligrosas. El derecho a legislar a favor del interés público está en peligro.
Ante estos riesgos, hasta la fecha ya se han posicionado en contra más de 1500 municipios europeos, que han aprobado mociones para declararse zonas libres de TTIP y CETA. Ciudades de Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica o Francia se están movilizando; Y también en España, con ciudades como Barcelona, Valladolid, Valencia o Sevilla declaradas ya libres de estos acuerdos a través de mociones presentadas en sus respectivos plenos municipales.
Son ya más de 1500 ciudades europeas las que, de una u otra forma, se han declarado “Ciudades Libres del TTIP”. Estos días, en Barcelona, se han reunido representantes de más de 40 ciudades europeas de hasta 9 países para firmar la “Declaración de Barcelona” sobre la posición contraria de las entidades locales al TTIP y el CETA. La resistencia ante el asalto al poder municipal crece.
Pero Madrid se resiste. Y el gobierno de esta ciudad, uno de los denominados “ayuntamientos del cambio” todavía no ha abordado este tremendo reto, pese a que en el programa de algunos políticos que tienen la llave de la gobernabilidad municipal están incluidas promesas que se ven amenazadas por esta nueva modalidad de gobernanza mundial, los acuerdos bilaterales de comercio e inversión.
Si el gobierno municipal de Madrid quiere cumplir aspectos de su programa como dar mayor mejorar los estándares ambientales, dar voz a la ciudadanía o remunicipalizar los servicios públicos privatizados, por ejemplo, debe empezar a saber que en Bruselas la Comisión Europea desea otro futuro para las ciudades.
Hace falta que Madrid se declare ciudad Libre del TTIP y del CETA.
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