VALÈNCIA.- El 15 febrero de 2012, un grupo de alumnos y alumnas del IES Lluís Vives cortaba la céntrica calle Xàtiva y ponía a la València del por entonces presidente popular Alberto Fabra en el mapa. Había estallado la ‘Primavera valenciana’, el movimiento de protesta por los recortes e impagos en la educación pública que había llevado a muchos institutos y colegios a la masificación en las aulas y a quedarse sin dinero para enchufar la calefacción. 
Veinte años de Partido Popular al frente del Gobierno valenciano dejaron un saldo de 163 escuelas e institutos impartiendo clases en módulos provisionales; los tristemente popularizados como ‘barracones’, donde igual se pasa frío en invierno como calor en verano, y que sufren goteras cuando arrecia la lluvia. Hay más de 70.000 estudiantes afectados. Y de estos 163, 24 centros escolares, con más de 7.000 alumnos en total, imparten todas sus clases en barracones.

Frente a esta situación, el nuevo gobierno valenciano del PSPV y Compromís ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha marcado como objetivo de legislatura erradicar los barracones y construir 124 colegios e institutos nuevos, con un presupuesto de 423 millones de euros.
No obstante, esa inversión no es el único precio: pues, del mismo modo que el deterioro de la educación pública en los gobiernos del PP valenciano sirvió paraimpulsar y engordar la educación concertada, la actual recuperación de la educación pública supondrá un frenazo en la financiación de la enseñanza concertada.

En esta línea, el conseller Vicent Marzà, de Compromís, ha osado abrir un melón hasta ahora intocable. Tras dos décadas en las que los conservadores aumentaron progresivamente el número de aulas en la escuela concertada a costa de cerrar unidades en la pública, las tornas han cambiado. Veinte años después, la enseñanza privada sufrirá por primera vez un recorte y perderá 11 aulas el curso que viene. La pública, por contra, sumará 415. Estas son las cifras de la última legislatura: 834 aulas menos en la pública y 95 más en la concertada.

Títulos controlados y nada de “cuotas voluntarias”

Además, el nuevo gobierno valenciano también ha comenzado a revisar las titulaciones académicas del profesorado en la concertada, porque tiene sospechas no se ha controlado bien, sobre todo en materias como la lengua valenciana, que el PP siempre menospreció. También ha prohibido a estos colegios privados sostenidos con fondos públicos que cobren mediante las fundaciones de los centros “cuotas voluntarias” –de las que, en la práctica, se abusa- por conceptos como material, equipamiento u otros servicios escolares complementarios.
Al PP valenciano el giro hacia la dignificación de la escuela pública le parece intolerable, y el último domingo salió a la calle de la mano de la patronal de las Escuelas Católicas y la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos en una concentración en la plaza de la Virgen que calificaron de “histórica” y contra lo que consideran un “ataque a la libertad de los padres a elegir los colegios de sus hijos” y una liquidación de la educación concertada.

Mariano Rajoy asumió como propio este miércoles el grito en el cielo de la escuela concertada y se trasladó a Alfafar (con 22.000 habitantes, el municipio más grande de cuantos gobierna ahora el PP en toda la provincia de València) para enarbolar esta bandera y avivar una polémica ideológica esperando recuperar muchos puñados de votos perdidos por el flanco del conservadurismo en su antiguo feudo. 

Rajoy no aparecía por el País Valencià desde el cierre de la última campaña en diciembre y tampoco se preocupó de las aulas masificadas ni los barracones que puso el PP valenciano.

Sobrecostes y mordidas en el ‘caso Taula’

A través de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa), creada exprofeso en el año 2000, el PP se comprometió a construir 277. La mitad de ellos nunca los construyó, quedando aquellos barracones que en teoría debían ser provisionales como paisaje perenne de la educación pública valenciana. Sólo entre 2007 y 2013, el Consell pagó casi 54 millones de euros por el alquiler de esas aulas prefabricadas.
Un informe reciente de la Intervención General de la Generalitat Valenciana reveló que Ciegsa funcionó además como la Conselleria de Educación “en B” de los populares valencianos, sumando sobrecostes de 1.000 millones de euros en las obras de los colegios proyectados. El incremento llegó a alcanzar hasta el 151% del presupuesto en uno de los colegios. Según este informe, entre 2001 y 2012, sólo 39 de las 528 adjudicaciones realizadas respetaron o redujeron el presupuesto programado. 

Ciegsa está siendo investigada dentro del llamado ‘caso Taula’ porque tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción creen que sus dirigentes participaron de la presunta trama de adjudicaciones fraudulentas que cobraba mordidas ilegales de cerca del 3% del valor de cada contratos. 

El alumnado del País Valencià registra una cifra de abandono educativo temprano (el denominado fracaso escolar) del 37 %. Ocupa, por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta, la segunda posición del Estado español, que con una tasa del 21,9% según datos de 2015 el abandono prematuro de las aulas en la Unión Europea.