La Justicia suspende la expulsión de un antidisturbios que se enfrenta a su "asesinato profesional"

Macame Mesa

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido cautelarmente el cese de un antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía en Las Palmas de Gran Canaria, que había sido trasladado como personal operativo en la Comisaría Provincial de Tarragona.

Un proceso que fue bautizado por la agrupación de las escalas básica y subinspección de la Policía Nacional, Unipe, como el “asesinato profesional de un antidisturbios”. Aunque desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias dieron un plazo de 30 días al agente para que se mudara, en esta ocasión han acortado el plazo de su vuelta a ocho días, abocándole a una a carrera contrarreloj bajo amenaza de expediente.

El auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora se emite  alrededor de un año después de que el agente, que era además delegado del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE) en Canarias, demandara al Ministerio del Interior y solicitara poner freno a su traslado a Tarragona, lo que le suponía una merma salarial de unos 600 euros.

A pesar de que la representación legal del Ministerio sostuvo que no quedaba acreditado el perjuicio alegado por el recurrente, el tribunal considera que el mismo “es palmario” teniendo en cuenta “lo que conlleva el traslado desde Canarias a la Península, con la familia y enseres, constituyendo ello un perjuicio claro y de difícil reparación siquiera desde el punto de vista moral, sin que, por el contrario, se aprecie quebranto asimilable para la administración en caso de darse lugar a la repetida suspensión”.

El auto, fechado el día 3 del pasado marzo, supone un pequeña victoria para el agente, que se vio obligado a dejar hace cerca de un año un puesto al que accedió en verano de 2014. El afectado pasó de ser un instructor de defensa personal y un agente en activo con cuatro años de servicio en la Isla que no contaba con ningún expediente disciplinario, a sufrir una baja por ansiedad y posteriormente ser expulsado.

Entonces interpuso con el respaldo del SIPE una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria contra el jefe del Grupo 2 de la X Unidad de Intervención Policial UIP de la capital grancanaria por un delito contra su integridad moral. Un responsable policial que fue ascendido después de dejar su huella en los barrios capitalinos, donde el grupo de Prevención y Reacción (UPR) dirigido por el conocido como Pegaso 2 fue dejando un reguero de animadversión y desprecio contra la Policía.

Esta denuncia fue archivada por la Justicia a la espera de que se resuelva en firme el contencioso-administrativo que recientemente anuló de forma cautelar el traslado del denunciante a Tarragona.

Entre los hechos denunciados por el SIPE, se encuentra la lectura en voz alta de un informe personal y oficial del delegado sindical en las instalaciones policiales y frente a un grupo de compañeros, la amenaza del superior de echarlo a base de expedientes y la “persecusión” del denunciante, al que se intentaba “intimidar debido a su labor sindical en defensa de unas mejores condiciones de trabajo de los compañeros a los que representa dicha unidad”.

La actividad sindical desembocó en una serie de expedientes que se quedaron por el camino. Sin embargo, fue el último que recibió, centrado en la falta de capacidad física del delegado del SIPE para seguir en la Unidad - sin mediar pruebas al respecto, denunció el sindicato – el que le costó el puesto.

El TSJC no observa “mala fe” o “temeridad procesal”, motivo por el que no condena en costas a ninguna de las partes litigantes.

fuente : http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Justicia-revoca-expulsion-antidisturbios_0_502200320.html