El Juzgado de lo Penal nº1 de Arrecife (Lanzarote) condenó al agresor por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Se le impuso el pago de 4.732,95 euros por las secuelas y los costes judiciales, además de una indemnización de 455 euros al Guardia Civil por las lesiones sufridas.
El acusado se declaró insolvente, y no ha pagado ni un solo euro. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) asegura que los gastos ocasionados en el proceso penal los tendrá que abonar el Guardia Civil agredido.
Además el agente, que sufre secuelas derivadas de las lesiones, no va a ser resarcido económicamente, ya que los servicios jurídicos de la Guardia Civil le negaron la solicitud de asistencia letrada que había cursado.
La AEGC, que engloba a todos los empleos y escalas de la Guardia Civil, ha pedido a la Dirección General de la Guardia Civil la creación de un fondo económico para cubrir las indemnizaciones en los casos de agresiones a los agentes cometidas por personas insolventes o no residentes en España.
De acuerdo con declaraciones de la propia AEGC, “si un delincuente te rompe objetos personales, la Guardia Civil sí resarce económicamente, pero no por lesiones y agresiones. Este caso no es algo excepcional, sino que ocurre con frecuencia en toda la geografía española, tanto con personas insolventes como con personas no residentes en España, ya sean ilegales o turistas, que abandonan el país sin pagar las indemnizaciones”.
Al contrario que lo que ocurre con los delitos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, en la Guardia Civil no existe Fondo o Seguro para que el Estado se haga cargo de manera subsidiaria de este tipo de indemnizaciones. La AEGC, aunque considera esto como un problema general para la ciudadanía, asegura que es “aún más sangrante en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que cada día deben enfrentarse a delincuentes”.
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