La Junta volvió a dar ayudas a un millar de entidades sin saber si reunían los requisitos

Decidido a evitar en lo posible que le arrolle la ola del escándalo en los cursos de formación, el Gobierno andaluz hizo pública ayer la lista de empresas que se acogieron al mecanismo de exceptuación, las llamadas exoneraciones. A la vez anunció que la presidenta Susana Díaz «ha puesto fin a esta práctica administrativa pese a su anclaje legal».

La página web de la Oficina del Portavoz colgó a primera hora de la tarde el PDF con la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el listado de 36 páginas con todas las empresas que se acogieron a la misma en diciembre de 2012. Recoge 2.895 expedientes pertenecientes a 1.179 entidades de todo tipo, públicas y privadas, desde empresas hasta personas físicas, asociaciones empresariales, sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, consorcios o asociaciones sociales de las ocho provincias andaluzas.

Desde 2009 se llevaron a cabo «exceptuaciones» en la Consejería de Empleo, aunque la más relevante fue la de 2012. Se trataba, según explicaron fuentes autonómicas, de dar respuesta a la situación creada a muchas entidades que habían presentado en tiempo y forma las justificaciones requeridas de las ayudas recibidas, pero que no recibían respuesta administrativa en los plazos previstos. Al no tener el visto bueno del programa realizado, estas entidades no podían volver a presentarse para optar a nuevas subvenciones. El proceso de análisis de las ayudas siguió adelante, aunque superando el plazo de respuesta.

La «exceptuación» servía así para suplir el atasco administrativo y permitir que continuara la actividad de los solicitantes. La orden del SAE hecha pública alega el perjuicio social y económico que el retraso administrativo causaba a entidades y beneficiarios de la formación.

Se trata de una figura distinta de la exoneración, que requiere la aprobación de una ley específica, por la que la Administración renuncia a recibir unos ingresos.

Una nueva denuncia

La Junta sostiene que estas decisiones tienen base legal, en el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública, e insiste en que «la exceptuación no supone eliminar la obligación de justificación de las ayudas porque sigue vigente esa exigencia y, en esa línea, se están comprobando los expedientes».

Aunque la Junta invoca «un ejercicio de transparencia sobre su gestión y en su relación con la ciudadanía andaluza», el goteo de informaciones sobre presuntas irregularidades está detrás de la medida, anunciada por el secretario de organización del PSOE, Juan Cornejo, al ser preguntado por una noticia según la cual un miembro de la ejecutiva de Susana Díaz, el secretario de Agricultura, José Fernández de los Santos, se habría beneficiado de exceptuaciones en su propia empresa de formación. Cornejo aseguró que este dirigente «ya no estaba en la empresa» y que «está todo perfectamente justificado».

Sin embargo, la secretaria general del PP andaluz, Loles López Gabarro, pidió al PSOE que explique estas ayudas y dijo que «la corrupción cada vez cerca más a Díaz».