El Gobierno del PP ha tomado una decisión –una más- que choca frontalmente con el interés general de Canarias, con el interés de todos los canarios. En su obstinada apuesta –o empecinamiento, cabría decir- por la liberalización de servicios, ha iniciado los trámites para privatizar el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
La querencia del PP por las privatizaciones es de sobra conocida; en este sentido, nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, debe advertirse que su afán privatizador se vuelve especialmente preocupante y debe disparar todas las alarmas cuando la aplicación de esa política toca sectores estratégicos, y mucho más preocupante o alarmante cuando afectan a un territorio insular, archipielágico y alejado del continente.
El anuncio de la privatización de AENA se suma a otras decisiones anteriores que han atentado directamente contra los intereses de los dos millones de personas que viven en el Archipiélago. Recordemos por un momento la oposición frontal en la que se instaló el Gobierno del Estado sobre la subvención de las tasas aéreas, una medida que impulsó originariamente el Ejecutivo autónomo y que fue tildada en su momento de discriminatoria por algunos ministros estatales. Una oposición que duró justo hasta el momento en que el aeropuerto de Barajas cogió la ‘gripe’, con un descenso importante en su balance de operaciones, lo que obligó a la Administración central a iniciar una política de reducción de tasas en todo el sistema a principios de este mismo año. ¿Dónde quedaron las críticas furibundas a aquella decisión de Canarias que, decían, atentaban contra la libre competencia?
O recordemos también la orden de Fomento para exigir el certificado de residencia en los vuelos de los canarios, una cuestión que todavía no está resuelta, a pesar de los numerosos anuncios en sentido contrario del Gobierno. Son solo dos ejemplos –en materia de transporte aéreo- que certifican que, tristemente, el Gobierno del PP no entiende y no atiende a Canarias.
Llegados a este punto, la privatización de AENA supone un salto cualitativo en esa espiral de errores del PP. Los aeropuertos canarios no pueden estar sometidos exclusivamente a criterios economicistas; no pueden ser un asiento contable más en los balances de empresas privadas.
Los aeropuertos canarios son algo más que eso. Son herramientas fundamentales para la cohesión social, económica y territorial del Archipiélago. Son infraestructuras de interés general que integran un sector estratégico para nuestro desarrollo, porque no solo está en juego la movilidad de los canarios entre las Islas y el exterior, sino la competividad del turismo, nuestra principal actividad económica.
Son esas razones, en síntesis, las que explican el rechazo frontal del Gobierno de Canarias a la privatización. Y son esas razones la que vamos a esgrimir para solicitar la reunión de la comisión mixta Canarias-Estado y reclamar la competencia de la gestión de los aeropuertos en virtud del artículo 33 del Estatuto de Autonomía –artículo que señala textualmente que le corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución en “puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”-.
Canarias defenderá allá donde haga falta y en los ámbitos políticos o jurídicos que sean precisos su derecho a ejercer tales competencias, consagradas, tal y como se puede comprobar, en el Estatuto de Autonomía. No podemos permitir un nuevo atropello a los intereses generales de Canarias. Hay líneas rojas que no se deben traspasar y ésa es una de ellas. Canarias no se vende. Así lo dicen alto y claro decenas de miles de ciudadanos en la calle, y mal hace el PP cuando ni escucha ni toma nota. Canarias no se vende, nuestros aeropuertos tampoco deben ponerse en venta.
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