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jueves, 29 de octubre de 2026

La Guardia Civil interviene pescado con ciguatoxinas tras investigar el robo sistemático a una piscifactoría

 


 La Guardia Civil de la Comandancia de Las  Palmas, en el marco de la "Operación Seabass", ha desarticulado un  entramado delictivo dedicado al robo sistemático y posterior comercialización  ilícita de lubinas. Estos hechos se venían produciendo desde el pasado mes  de mayo,en las instalaciones marinas ubicadas en el Castillo del Romeral,  dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. 



Las pesquisas comenzaron el pasado mes de agosto, tras la interposición de  una denuncia formal por parte de la empresa perjudicada ante los constantes  robos y roturas de redes que sufría en sus viveros. Para el esclarecimiento  de los hechos, resultó imprescindible la aportación de un exhaustivo dosier  de seguimiento previo encargado por la propia firma afectada. 

A partir de estos datos, los agentes del Equipo ROCA, pudieron constatar la  existencia de un grupo organizado compuesto por tres personas, que  utilizaba dos embarcaciones semirrígidas para aproximarse a las jaulas  marinas. Mientras una de ellas realizaba labores de vigilancia en la superficie,  las otras dos se sumergían equipadas con fusiles de pesca submarina para  capturar ilegalmente las lubinas de gran tallaje, perforando las redes a casi  dos metros de profundidad. Posteriormente, el género era transportado por  carretera y distribuido de forma clandestina en establecimientos de  restauración de

las zonas costeras del sur de la isla.


Fase de explotación de la operación e inspecciones sanitarias 

La fase de explotación comenzó el pasado 22 de septiembre, cuando la  Guardia Civil, en acción conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera y  las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias, coordinó una inspección  técnico-sanitarias urgente en los locales identificados. En estos registros se  retiraron de inmediato del mercado un total de 40,2 kilos de lubinas de  procedencia ilícita, capturadas de forma furtiva y carentes de cualquier tipo  de etiquetado, factura o control de trazabilidad. 

El laboratorio confirmó un resultado positivo por presencia de ciguatoxinasEl  aspecto más crítico de la intervención se detectó en uno de los  establecimientos inspeccionados en el municipio de Mogán, donde los  agentes hallaron ejemplares de pejerrey, de origen injustificado, junto a las  lubinas robadas. Al tratarse de una especie sujeta a control oficial de  ciguatoxinas, se remitieron con carácter urgente muestras biológicas al  Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de  Gran Canaria (IUSA). El laboratorio confirmó un resultado positivo por  presencia de ciguatoxinas. La presencia de esta potente neurotoxina, que no  se destruye mediante el cocinado ni por congelación, constituía un peligro  grave y directo para la salud de los comensales, lo que motivó la apertura de  diligencias independientes por un delito contra la salud pública imputado  directamente a la dirección del establecimiento. 

La explotación de la operación culminó a mediados de octubre con cinco  personas investigadas, no detenidas: las tres personas autoras materiales  del robo con fuerza en la piscifactoría y las dos personas al frente de los  locales de restauración de las zonas de Puerto Rico y Playa de Mogán por  delitos de receptación, al adquirir la mercancía ilícita para lucrarse. Quien  ejerce la titularidad del local de Mogán suma a sus cargos el mencionado  delito contra la salud pública. Asimismo, los indicios y datos de filiación  recopilados en un tercer establecimiento ubicado en San Agustín, han sido  trasladados a la Autoridad Judicial ante sospechas documentadas de  descargas de pescado indocumentado.

Ante estos hechos, la Guardia Civil y el Gobierno de Canarias advierten del  grave riesgo sanitario que supone adquirir o consumir productos fuera de los  cauces legales de comercialización, al carecer de los controles que evitan  intoxicaciones alimentarias por biotoxinas marinas. Asimismo, recuerdan la  obligatoriedad de que todo producto pesquero destinado al consumo  presente su lote y trazabilidad conforme a la Ley de defensa de la calidad  alimentaria, único mecanismo que garantiza la seguridad y la salud de los  consumidores.




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