LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL EN ESPAÑA

Julio González Padrón

                                                    
Artículo de opinión

¿DEBE EXISTIR UNA IDENTIDAD IDEOLÓGICA EN LOS JUECES?

(Por Julio C. Glez. Padrón)

Para una persona como yo, que se considera un “maúro” de Telde, profano en la materia, y que no ha tenido la suerte de “doctorarse en Derecho”  como la poemita Irene Montero, que además  da a entender que  premio “cum Lauden”, lo que la revistió  de una categoría, tan suprema, como para atreverse a explicar a  “todos” los jueces de España, como deberían aplicar su famosa “Ley del Si es Si”, me voy a limitarme en exponer mi humilde parece  en este tema sobre la necesaria  “imparcialidad” de los jueces en España y el anacronismo , que desde mi punto de vista de pobre marino mercante tengo,  que, dentro de la carrera Judicial, existan dos  tendencia llamadas “progresistas” representando a las  o de izquierdas “guay buenas buenísimas”  y la  “conservadoras”  representando  a las derechas de “fachas y carcas”.

No hay que ser muy listo, para entender algo que hasta a mí, me resulta sencillo de asimilar, y es que, la separación de poderes es, o al menos debe ser, un principio esencial en cualquier democracia que, busca garantizar el equilibrio entre las distintas ramas del gobierno y evitar el abuso de poder. 

En el contexto del poder judicial, este principio cobra especial relevancia, ya que la independencia de los jueces es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.

 Como bien digo, la independencia e imparcialidad del juez son “principios fundamentales en cualquier Estado de Derecho”. La sociedad deposita en los jueces la responsabilidad de aplicar la ley de manera justa, libre de influencias externas, prejuicios o intereses particulares. 

Sin embargo, en España existen agrupaciones y asociaciones judiciales que se identifican con ideologías progresistas o conservadoras. Esto plantea una cuestión fundamental: ¿Puede la existencia de estas asociaciones afectar la imagen pública del juez como árbitro neutral e independiente? 

A través de este artículo, intentaré explorar los posibles impactos que la identificación ideológica puede tener en la percepción de la justicia y en la propia labor de los jueces

El concepto de “imparcialidad judicial” se basa en la idea de que el juez debe ser un tercero neutral en la resolución de conflictos. La justicia no debe inclinarse hacia ninguna de las partes ni estar influenciada por factores ajenos a la aplicación estricta de la ley.

Estos fundamentos de la imparcialidad, serían a primera vista:

El principio de legalidad: los jueces deben aplicar la ley sin consideraciones personales ni subjetivas; la Separación de poderes: la independencia judicial protege a los jueces de presiones políticas y garantiza su autonomía; y por último, la Ética y responsabilidad profesional: existen códigos de conducta que regulan la actuación de los jueces y establecen deberes de imparcialidad.

El problema surge amigo mío, cuando la ideología personal o las asociaciones políticas dentro del ámbito judicial pueden generar dudas sobre el cumplimiento efectivo de estos principios; entonces, hablando mal y pronto “la cagamos y bien cagada”

A lo largo de la historia, el concepto de “neutralidad judicial” ha sido objeto de debate. Algunos sostienen que es imposible que un juez sea completamente neutral, dado que todo ser humano tiene experiencias previas que pueden influenciar su interpretación de la ley. Otros argumentan que es precisamente el carácter técnico del derecho el que permite mantener un alto grado de objetividad.

Pero quienes consideran que la ideología es inevitable y quienes defienden la absoluta objetividad. Los primeros aseguran que, la formación académica, la experiencia personal y la cosmovisión pueden influir en la interpretación de las normas los segundos jurídicos; que, la aplicación de la ley debe responder únicamente a criterios técnicos y normativos, sin influencias externas.

Pero mis queridos amigos, la única realidad es que, en la práctica, los jueces, que no dejan de ser humanos intentan minimizar cualquier posible sesgo utilizando principios jurídicos establecidos y precedentes que los guíen en su aplicación de la ley.

En cuanto a las Asociaciones Judiciales, te diré que, en España existen distintas asociaciones de jueces y fiscales que se identifican con determinadas posiciones ideológicas. Algunas de las más conocidas incluyen la Asociación Profesional de la Magistratura (de perfil conservador, tirando para “facha carca”,) y Juezas y Jueces para la Democracia (de perfil progresista más próximos a los “porrilleros guay” de toda la vida).

Como argumentos a favor, podemos decir que, los jueces tienen derecho a la libertad de asociación y pensamiento que para, algo vivimos en democracia. Además, estas agrupaciones pueden ayudar a mejorar el sistema judicial, promoviendo reformas y debates sobre temas legales. Por otra parte, y como argumentos en contra, te diré que, éstas pueden afectar la percepción pública de la imparcialidad judicial y para más “inri”, la afiliación a estas agrupaciones podría influir en la decisión de determinados casos sensibles.

 Por eso es crucial garantizar que, independientemente de su ideología personal, y que los jueces mantengan un compromiso claro con la aplicación justa de la ley.

 Pero si nos comparamos con otros sistemas internacionales nos será más fácil entender el impacto de la ideología en la judicatura española, 

Por ejemplo, en países como los Estados Unidos; allí en USA y en algunos estados en particular los jueces son elegidos mediante procesos electorales en los que pueden presentar seguro, además, inclinaciones políticas explícitas; en Francia, la judicatura mantiene una fuerte regulación en la independencia judicial y la separación de poderes, minimizando la influencia política. Desde mi punto de vista, es en el mundo, donde mejor funciona el sistema; en el Reino Unido, se le da gran importancia a la tradición judicial y a la neutralidad de los jueces en el ejercicio de su función.

Estos modelos muestran distintos enfoques sobre la relación entre política y justicia, lo que ayuda a comprender cómo podría evolucionar la situación en España.

Si quisiéramos buscar una solución razonable, tendríamos que comenzar por aceptar que el dilema sobre la identidad ideológica de los jueces no tiene una única respuesta; sin embargo, existen medidas que pueden reforzar la confianza en el sistema judicial, como pudiera ser, así a voz de pronto:

1.-Una Mayor transparencia en los procesos de selección y promoción de jueces; la regulación de las asociaciones judiciales para garantizar su independencia de los poderes políticos o una mayor formación continua sobre imparcialidad y ética judicial.

Como Reflexión final diremos que: la imparcialidad judicial es un principio esencial para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. La existencia de asociaciones con tendencias ideológicas plantea un debate legítimo sobre cómo se percibe la justicia y hasta qué punto puede influir en la toma de decisiones. No obstante, lo fundamental es garantizar que, más allá de cualquier afiliación, los jueces actúen bajo los principios de objetividad, legalidad e independencia, cumpliendo su rol como garantes de la justicia. Todo lo demás sería… “caca de la vaca”

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En España, se habla mucho y en todos los medios de la famosa “Separación de Poderes” y la “Independencia Judicial” y Por definición y Fundamento del Principio, la separación de poderes se refiere a la división de las funciones del Estado en tres ramas principales a saber:

1.-El Poder Ejecutivo: que sería el encargado de la administración del Estado y la ejecución de las leyes.

2.- El Poder Legislativo: que es el responsable de la creación, modificación y derogación de leyes.

3.- El Poder Judicial: que es quien en definitiva garantiza o debe garantizar la correcta aplicación de las leyes e imparte justicia de manera imparcial.

Este sistema, teorizado por el jurista francés Montesquieu en El espíritu de las leyes, busca evitar la concentración del poder en un solo órgano, asegurando que cada institución actúe dentro de sus competencias sin interferencias indebidas; para que los jueces puedan actuar con imparcialidad y estar protegidos de influencias externas, tanto políticas como económicas. 

Esta independencia se manifiesta en varias dimensiones; a saber: 

1.- La Independencia funcional: los jueces deben interpretar y aplicar la ley sin estar sometidos a presiones del Ejecutivo o del Legislativo.

2. La-Independencia económica: es fundamental que los magistrados tengan seguridad en sus condiciones laborales y salariales, evitando que su estabilidad dependa de factores políticos.

3.- la Independencia estructural: el proceso de selección, nombramiento y promoción de jueces debe ser transparente y basado en méritos, evitando favoritismos o criterios ideológicos.

 Pero a nadie se le esconde que, pesar de la existencia de mecanismos que garantizan la independencia judicial, en España el debate sobre la separación de poderes ha sido recurrente, especialmente en relación con el nombramiento de jueces y algunos de los principales desafíos incluyen:

El sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): actualmente, el CGPJ es elegido por el poder legislativo, lo que genera dudas sobre su independencia respecto a los partidos políticos.

La Influencia de asociaciones judiciales: la existencia de agrupaciones progresistas o conservadoras dentro de la judicatura plantea la cuestión de hasta qué punto las tendencias ideológicas pueden afectar la imparcialidad judicial.

La Presión mediática y política: en casos de alto perfil, la presión de la opinión pública y los actores políticos puede influir en la percepción de independencia judicial.

Pero lo verdaderamente que, no deja de ser malo, o al menos preocupante es cuando un solo órgano o grupo controla múltiples ramas del gobierno, que se corre el riesgo de que se ejerza el poder sin control ni límites. Esto puede llevar a:

Líderes sin restricciones pueden imponer medidas arbitrarias; la eliminación de contrapoderes instituciones independientes pues el abuso de poder puede quedar impune y por último la pérdida de independencia Judicial.

Si el poder judicial no es autónomo, su función de garantizar el cumplimiento de la ley se debilita y sus consecuencias pueden ser: decisiones judiciales influenciadas por el poder político; Falta de garantías para los ciudadanos en la defensa de sus derechos y por ultimo y no por ello la peor, la Corrupción judicial provocando sentencias manipuladas para favorecer intereses particulares.

Cuando los ciudadanos perciben que los órganos del Estado están controlados por un solo poder, la legitimidad de las instituciones, nos puede llevar una crisis de confianza en las Instituciones Desconfianza en el sistema judicial y legislativo y en consecuencia una Menor participación ciudadana en el proceso democrático y un desprestigio internacional del país. Como nos ha ocurrido, cuando Pedro Sánchez ha adaptado las Leyes para favorecer a los Independistas catalanes, a cambio de que estos les dieran siete cochinos votos para poderse mantener en la Moncloa

 Además, hay que subrayar que la falta de controles independientes permite el uso indebido de fondos públicos y favorece la corrupción.

 Esto último puede derivar en: Desvíos de recursos hacia intereses políticos o personales; falta de transparencia en la gestión gubernamental y Debilitamiento de la economía por decisiones sin supervisión produce una represión y limitación de libertades, ya que, in un poder judicial independiente, las libertades individuales pueden estar en riesgo y por lo tanto:

1.- Propiciar una mayor censura y persecución de opositores políticos.

2.- El Uso del aparato judicial para silenciar voces críticas.

3.- Reducción drástica de derechos civiles y políticos de la población.

En Conclusión, y no por repetirme no lo piense así, pues los marinos, si encima somos mauros de Telde como yo, cuando creemos en algo, creemos “CREEMOS DE VERDAD” y no como Pedro Sánchez que, no es que, mienta según él, sino que “cambia de opinión”, así le sople el viento por babor o estribor; la separación de poderes es fundamental para garantizar un sistema democrático justo y equilibrado. Cuando este principio se debilita, el riesgo de abuso de poder, corrupción y pérdida de derechos se va para el puto “carajo” (ver “carajo en mi libro sobre el léxico canario) Por ello, fortalecer la independencia institucional es esencial para preservar la justicia y la estabilidad social.

 Si has sido capaz amigo mío, de aguantarme todo este rollo y llegar hasta aquí, es que eres de los míos o te va la marcha. Jajajajaj, pero no creas que eres un bicho raro, qué… ¡Otros casos se han dado, cristiano! Jajajajaja

¡Qué cosas!

Fdo.

Julio César González Padrón

Marino Mercante y escritor

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