Esta semana comienza el juicio más duro de Greenpeace en España. 16 activistas y un fotoperiodista independiente se enfrentan a casi 3 años de prisión por realizar una protesta pacífica, y Greenpeace a más de 350.000 euros de multa. Un mensaje claro en contra de la protesta pacífica, la libertad de expresión… y el “derecho y el deber” de defender el medio ambiente, recogido en el artículo 45 de la Constitución.
El motivo de esta persecución contra la protesta pacífica esuna acción de Greenpeace en la central nuclear de Cofrentes, en Valencia, en febrero de 2011. 16 activistas entraron en la central, demostrando así su vulnerabilidad, y pintaron un enorme “PELIGRO NUCLEAR” en una de sus torres de refrigeración. Pedían que el Gobierno no renovase su licencia, a punto de caducar, pero este desoyó la demanda y decidió prorrogarla hasta 2021. Un riesgo evidente que solo beneficia a Iberdrola, su propietaria, y que se puso de manifiesto tan solo un mes después en el desastre de Fukushima.
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