Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- La trama de corrupción que investiga la juez Mercedes Alaya en instituciones públicas de siete comunidades autónomas, en el marco de la Operación Enredadera, parece tener raíces extendidas por gran parte del Archipiélago canario. Como se recordará, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga el pago de comisiones para favorecer a la empresa Fitonovo en la adjudicación de contratos públicos.
Las investigaciones sobre las actividades de Fitonovo en Canarias condujeron, el pasado 11 de noviembre, a la detención e imputación del delegado de la empresa en las Islas, Adolfo de la Torre, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, asociación ilícita y falsedad en documentos públicos.
También ha sido imputado Ulises Pérez González, coordinador de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria entre los años 2003 y 2007, al que la juez Alaya identifica como uno de los dos funcionarios de esa institución que recibieron comisiones por facilitar las adjudicaciones de obras. Según se refleja en el sumario, el delegado de Fitonovo le hizo dos pagos, el primero por un importe de 5.058 euros el 30 de marzo de 2005 y el segundo por valor de 5.322,90 euros entre noviembre de 2005 y enero de 2006.
José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias y ya jubilado, aparece igualmente en el sumario del caso Enredadera como receptor de dádivas o comisiones pagadas por Adolfo de la Torre, en concreto un total de 57.024 euros entre los años 2003 y 2011.
Pero no han quedado ahí las ramificaciones del caso en las Islas. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, los tentáculos de la trama llegaron también al Cabildo de El Hierro.
El sumario del caso revela que Fitonovo tenía “funcionarios en nómina” que participaban en la elaboración de los pliegos de los concursos públicos que luego ganaba, según se recoge en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que pone como ejemplo de estas prácticas ilegales una adjudicación del Cabildo de El Hierro para la conservación del túnel de Los Roquillos.
Uno de los documentos requisados a los directivos de Fitonovo incluye apuntes sobre un contrato del año 2012 con el Cabildo herreño, por valor de 342.000 euros, en el que se dice textualmente que “se ha ayudado a confeccionar los pliegos”.
También se dan detalles de las negociaciones entre las tres empresas que formaron la UTEpara concurrir a ese concurso, entre ellas Fitonovo, y un comentario sobre los erupciones frente a las costas de La Restinga. “El tema del volcán tiene todo parado”, señala la documentación intervenida por la Guardia Civil.
La Guardia Civil, en el informe que explica el modus operandi de la presunta trama de corrupción, afirma que uno de los métodos para conseguir la adjudicación de obras era “obtener información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas, ya sea porque se las facilitan antes de su publicación o porque intervienen en su elaboración”.
Esa información privilegiada -según la UCO - procedería de los funcionarios “en nómina” que tenía Fitonovo, quienes prevenían a la empresa de la próxima salida del procedimiento y de las condiciones de la misma. En otros casos, y cita expresamente el contrato de conservación del túnel de Los Roquillos, “se han encontrado pruebas de que la misma empresa elaboraba o colaboraba en la elaboración de los pliegos”.
El informe, que figura en el tomo número 13 del sumario del caso Enredadera, asegura que “existen también evidencias de que los funcionarios que colaboraban con la organización facilitaban a Fitonovo información de otras empresas, que no debería estar en su poder y que los colocaría en una mejor posición en eventuales procedimientos públicos de contratación”.
Aparte de los presuntos amaños en los pliegos de condiciones, donde se necesita la colaboración de funcionarios públicos, la red corrupta que investiga la juez Alaya utilizaba otros sistemas para obtener las adjudicaciones, como “elaborar ofertas deliberadamente falsas y sin voluntad de cumplirlas”.
http://canarias-semanal.org/not/15095/nuevas-ramificaciones-de-la-trama-corrupta-de-fitonovo-en-canarias/
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