Miembros de LA
VINCA Ecologistas en Acción, avisados por vecinos del lugar,
pudieron comprobar que “en la zona del barrio de Zamora, dentro del municipio de Valleseco, se han talado numerosos ejemplares de Laurel canario (Laurus novocanariensis),
especie arbórea canaria protegida, con el agravante de que dicha tala se ha
realizado también dentro de un espacio natural protegido, patrimonio de todos
los grancanarios, como es el Parque Rural de
Doramas”.
Continúan manifestando que “Conocemos por vecinos del lugar que las
personas responsables de estas talas tienen intención de realizar un pista de
acceso para coches en lugar del camino existente en la actualidad y que en
varias ocasiones han intentado hacer la carretera, autorización que hasta el
momento no han conseguido para realizar dicha carretera”.
La zona afectada por estas talas está incluída dentro del Parque Rural de
Doramas (C-12), no posee señalización de obra alguna o expone permiso para
llevar a cabo dichas talas. “Como desconocemos si se posee licencia de obra y/o
calificación territorial de la misma, autorización para la tala de especies
forestales protegidas únicas en el planeta, es por lo que desde LA VINCA Ecologistas
en Acción nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Valleseco, Cabildo de Gran
Canaria y Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural – APMUN, solicitando
información al respecto y requiriendo a dichas entidades a que en caso de no
disponer de los preceptivos permisos se les sancione y conmine a volver a
plantar árboles de la misma especie en los lugares en los que fueron talados”.
Según los ecologistas “resulta curiosa la estrategia empleada por los
autores de estas talas presuntamente ilegales, y a nuestro entender totalmente
reprobables, ya que se realizan en pleno mes de agosto, buscando la “complicidad”
del periodo vacacional del personal de las administraciones públicas que deben
velar por la protección del territorio, algo que a nuestro entender indica la
“ilegalidad” de las mismas.
Para los ecologistas norteños “estas acciones que de manera continua dañan
el patrimonio natural de toda la ciudadanía de Gran Canaria, se vienen
produciendo porque desde las administraciones locales, especialmente los
ayuntamiento, en muchas ocasiones se hace la vista gorda y se mira para otro
lado al considerar las acciones como menores o “tolerables”, anteponiendo el
derecho de unos pocos vecinos al derecho colectivo de todos los grancanarios a
disfrutar de un medio ambiente digno y a su derecho a proteger y, en la medida
de lo posible, recuperar las antiguas zonas boscosas de la isla”.
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