Según ha confirmado El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, el Ministerio de Empleo cuenta ya con los informes técnicos que avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales.
Los análisis realizados por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la Inspección de Empleo señalan que el colectivo cuenta con los requisitos legales exigidos.
Acaba de recibir el dictamen de la FEMP
El Gobierno ha recibido también ya el dictamen de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha pronunciado a favor de la medida. Por tanto, el departamento que dirige Fátima Báñez está ya en disposición de elaborar una normativa que permita regularizar esta situación.
La FEMP considera que el Gobierno debe aprobar “con la mayor diligencia y celeridad” un Real Decreto que contemple la jubilación anticipada de policías locales, a los 59 años sin penalización en su pensión futura.
Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización
La medida permitirá adelantar la edad de jubilación a los 60 años, sin perder poder adquisitivo, a87.000 efectivos de 2.500 plantillas, entre agentes locales y autonómicos (incluidos Mossos y Policía Foral). De esta manera, se equipararán las policías locales con otros colectivos parejos, como la Policía Nacional o los bomberos.
Buscar una fórmula distinta al decreto ley
Pero ahora surge, además, otro contratiempo que obliga a aplazar la aprobación del decreto. Motivo: el Gobierno se halla en funciones, a pesar de que las Cortes no se encuentran disueltas. Está circunstancia está obligando a explorar una fórmula distinta a la del decreto ley, como una orden ministerial, para dar luz verde a la jubilación anticipada de estos efectivos.
Hay que recordar que el artículo 86 de la Constitución establece que, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.
Resulta, por tanto, complicado para el Gobierno justificar ante el resto de grupos parlamentarios una medida así como “urgente y necesaria”. No obstante, la mayoría de los partidos se muestran a favor de esta reforma.
Los decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si las Cortes están disueltas como ocurre ahora, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso tiene que pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación.
Había previsto aprobar la medida hace un año
El Gobierno tenía previsto aprobar un decreto ley con esta medida hace casi un año, incluso antes de las generales del 20 de diciembre, pero ha venido encontrando dificultades para recopilar los datos necesarios que debían entregar más de un centenar de ayuntamientos de toda España. La ministra Báñez se comprometió públicamente en noviembre pasado a sacar adelante la reforma de manera inminente.
Inspectores de Trabajo, con los que ha venido hablando ECD en los últimos meses, aseguraban que incluso habían tenido que desplazarse desde Madrid a algunas capitales de provincia para que les facilitaran la información requerida.
Esta colaboración resultaba fundamental para la elaboración de los informes que deben acompañar al decreto ley. Los alcaldes se venían resistiendo a facilitarla, argumentando que, si se aprueba la jubilación anticipada, las calles de sus ciudades se quedarían sin policías locales.
http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/policias-locales-esperar-jubilarse-Gobierno_0_2793920585.html
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