Las firmas extranjeras, más cerca de ganar las demandas millonarias por el recorte a las renovables

Agencias.- España es uno de los países con más posibilidades de aprovechar el sol como fuente de energía. Pero resulta paradójico que no solo se han dejado de instalar placas en su territorio, sino que el Estado está a punto de jugarse miles de millones que podrían cerrar aún más las puertas a proyectar nuevas instalaciones de estas energías renovables.

 Los recortes a las primas ‘verdes’ -las subvenciones públicas a los productores para fomentar las centrales solares, básicamente fotovoltaicas- le pueden salir al Ministerio de Industria más caros que lo que se ha ahorrado al eliminarlas. Y es que los comités arbitrales internacionales a los que acudieron las empresas extranjeras para denunciar los recortes a los incentivos de estas instalaciones, donde invirtieron sumas millonarias, podrían darles la razón. Alguno ya se ha declarado competente para analizar el caso. Pero, sobre todo, estos árbitros estarían estudiando argumentos jurídicos muy sólidos que ponen en entredicho la legislación que los últimos gobiernos del PSOE y el del PP han ido aprobando desde 2010 en materia energética. Fuentes cercanas a estos litigios sostienen que las demandas presentadas tienen muchas posibilidades de triunfar.

Explican que esos árbitros se encuentran en Nueva York o París, lugares muy alejados del poder gubernamental español, ajenos a cualquier tipo de presión política y con una perspectiva internacional mucho más amplia que la limitada a la Península. Félix Plasencia, socio responsable de Legal de EY, apunta que “el arbitraje internacional suele ser muy sensible a la protección de las inversiones”. No obstante, matiza que existe una “diversidad de cortes, diferencias entre árbitros y ausencia de una doctrina uniforme”. Si esos árbitros finalmente apoyan la denuncia de los 18 fondos extranjeros afectados, estarán en juego millones de euros porque España tendría que compensarles por el daño provocado. Y las consecuencias irían en cascada, puesto que las demandas presentadas por los inversores españoles ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ganarían muchos enteros.

“Si los extranjeros vencen en las cortes arbitrales, no tendría sentido que aquí nuestra demandas no fueran aceptadas”, argumenta Miguel Angel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). “Es una cuestión que preocupa al Gobierno porque ellos no controlan a esos árbitros internacionales designados”, sostiene. De hecho, Jorge Aguirregomezcorta, socio de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG Abogados, indica que “el contexto económico ha cambiado y no es descartable que incluso los tribunales nacionales empiecen a mostrar mayor sensibilidad hacia los inversores, más aún después de los últimos cambios regulatorios de carácter estructural que ha vivido el sector”. Para Félix Plasencia sería un escenario “difícilmente aceptable” que algunos inversores extranjeros “resulten protegidos” y, por el contrario, los españoles “soporten las consecuencias de la reforma”. Las reclamaciones de unos y otros han transcurrido por caminos diferentes por obligación legal -los españoles en la jurisdicción nacional y los extranjeros a través del arbitraje internacional-, aunque su futuro va unido irremediablemente. En el caso de las empresas interesadas en invertir en España, son compañías de Alemania o Canadá, el fondo soberano de Abu Dabi, filiales de bancos europeos, y así hasta 18. Entre los españoles, muchas ‘pymes’ y particulares hasta sumar 4.000 demandantes -pero con muchos más afectados-, que vieron cómo sus retribuciones se llegaron a recortar “hasta el 50% de lo estimado inicialmente”, explica Martínez-Aroca. Los españoles han reclamado “por el daño patrimonial causado” tras los recortes, según el presidente de Anpier.“Pagamos de media 600.000 euros por las instalaciones y, tras 15 cambios normativos con carácter retroactivo, ahora ese bien vale hasta menos de 300.000 euros”, indica. “Tendrán que compensarnos”.

CAMBIOS EN MITAD DEL PARTIDO

El problema del modelo energético es precisamente la acumulación de leyes que han ido modificando las políticas de los diferentes gobiernos. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder en 2004 inició una plan de fomento de las energías renovables con un sistema de primas que garantizaba una rentabilidad hasta 30 años vista. En seis años, el impacto de estas ayudas en las arcas públicas pasó de poco más de 600 millones anuales a más de 5.200. Por eso, en 2010, con la crisis ya en su peor faceta, el Ejecutivo comenzó a recortar esas retribuciones. A partir de 2011, con Mariano Rajoy en la presidencia, la reducción de las primas se generalizó. Y se aprobó un régimen en el que el Gobierno otorgaba una “rentabilidad razonable” para estas instalaciones del 7,5%.

Desde el Ministerio de Industria indican que “así se ha ajustado la retribución a aquellas instalaciones renovables que superaban el umbral de rentabilidad razonable”. Sin embargo, los inversores afectados recuerdan que “nadie tiene una rentabilidad fotovoltaica del 7,5% y, como mucho, llega al 3%”, afirma Martínez-Aroca. Además, José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), insiste en que esta rentabilidad “cambia cada seis años y se calcula en función del bono más 300 puntos”. Si se impusiera hoy, sería poco más del 3%. Lo que los inversores cuestionan es si se puede plantear un cambio de la ley a mitad del partido. De hecho, han incluido en sus denuncias los informes de dos consultoras contratadas por Industria. A ellas se les encargó el análisis del nuevo sistema retributivo, pero habrían plasmado sus recomendaciones en un informe que se remitió con posterioridad a la publicación de la ley en el BOE. “La cuestión es si la última reforma trasciende los límites del riesgo regulatorio y es, consecuentemente, ilícita”, explica Félix Plasencia, quien recuerda que el Tribunal Supremo ha confirmado las reformas anteriores y ha avalado la licitud de los cambios legales que afectan al sistema retributivo de las renovables. Dicho órgano ha alegado en sus sentencias que el concepto de “estabilidad regulatoria” debe entenderse en el marco legal en su conjunto, “y no con una medida aislada”. Y añade que tampoco supone que se pueda “petrificar el régimen inicialmente aprobado”, sobre todo cuando hay “cambio de circunstancias relevantes” que justifican la modificación legal. Esto es, la crisis.

El Supremo sostiene que a pesar de los cambios propuestos “queda garantizada la retribución razonable de las inversiones efectuadas”. En otro de sus más duros alegatos, ya ha expresado que los inversores no tienen un “derecho inmodificable” a que se mantenga inalterado el régimen económico de las retribuciones. El motivo es que ellos mismos han optado por no acudir al mercado y sí beneficiarse de un sistema público de fijación de precios. La principal consecuencia de este laberinto energético es la paralización de todo tipo de proyectos. Los pasados, porque se encuentran en medio de esta fase judicial; y los futuros, “porque ningún inversor confía ya en España para desarrollar nuevas plantas”, sostiene Villarig. “Posiblemente habrá proyectos en el futuro pero no los veo posibles, al menos, hasta 2017, y eso siendo muy, muy optimistas”, concluye.

FUENTE : http://www.yometiroalmonte.es/2015/07/20/firmas-extranjeras-mas-cerca-ganar-demandas-millonarias-recorte-renovables/