Algo más de dos años después de la entrada en vigor de la última contrarreforma laboral impuesta por el Ejecutivo Rajoy las cifras no dejan lugar para las dudas. La nueva legislación está cumpliendo, con creces, su verdadero objetivo: facilitar a la clase empresarial la cobertura necesaria para deshacerse con facilidad de todo su "excedente" de mano de obra, empujar a la baja los salarios y recomponer de esta forma su tasa de ganancia. Desde la perspectiva de sus impulsores, pues, la reforma puede considerarse un rotundo éxito.
Como cabía esperar, el instrumento puesto en manos de la patronal por el Gobierno español comenzó a utilizarse de inmediato para eliminar trabajadores al más bajo coste, incluso con mayor intensidad de la que preveían analistas y organizaciones sindicales antes de la aprobación de la reforma.
Los despidos colectivos son otro de los efectos principales que ha tenido el cambio normativo. Si en enero de 2012, justo antes de la reforma, eran 468 los trabajadores afectados por ERE en las Islas, solo cuatro meses después el número se elevó hasta los 2.181. Desde entonces la cifra ha fluctuado, pero siempre por encima de los números previos al real decreto. Y es que el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, para la "reforma" del mercado de trabajo, además de abaratar el despido, eliminó la obligación de que la autoridad laboral autorizase la aplicación de los Expedientes de Regulación de Empleo.
LA PATRONAL ISLEÑA Y SUS "TEÓRICOS" NIEGAN LA EVIDENCIA
Pese a la rotundidad de estos datos, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, no dudaba en continuar negando la evidencia. Para Manrique de Lara, lo que ha conseguido la medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido "sentar las bases para que los ciclos económicos negativos que se produzcan en el futuro no tengan tanto impacto en el empleo".
El presidente de la CCE tampoco tuvo reparos en negar que la reforma esté elaborada a la medida de los empresarios. "Se quedó a medio camino entre nuestros intereses y los de los sindicatos, por eso ninguno estamos conformes del todo" -aseguró sin inmutarse el representante del lobby empresarial la pasada semana.
En el mismo sentido, el profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José María Grisolía Santos, encuadrado en la ortodoxia neoliberal, realizó un esfuerzo de "reinterpretación" de los datos para justificar la contrarreforma. "Sin crecimiento no hay empleo, por muy bien que funcione el mercado de trabajo"- manifestó el representante del establishment académico a un periódico local de Gran Canaria.
LOS SINDICATOS AMARILLOS SE QUEJAN, PERO NO MOVILIZAN
Por su parte, las dos principales centrales sindicales amarillas con presencia en el Archipiélago, CC.OO. y UGT, reiteraban sus quejas en torno a la reforma.
Un estudio sobre los efectos de la nueva legislación efectuado por la UGT indica que la misma ha provocado un incremento de la contratación temporal (8,6%), así como de los llamados contratos de formación, un 74,8%, y los de prácticas, un 18,5%. Es decir, de las diferentes modalidades de contratos precarios que son estimulados por la norma.
Juan Jesús Arteaga, secretario general de CCOO-Canarias, calificó la reforma como"desastrosa". "No ha servido para ninguno de los objetivos que planteaba en su preámbulo"y, particularmente, la "recuperación del empleo" – declaró Arteaga asumiendo, aparentemente, la "buena voluntad", del Ejecutivo ultraconservador.
Sea como fuere, lejos de plantearse una estrategia de movilización para hacer frente a la contrarreforma laboral, Artega concluyó afirmando que, en líneas generales, "los tribunales han mantenido un posicionamiento progresista" a la hora de interpretar el texto legislativo en los referente a los Expedientes de Regulación de Empleo, lo que "ha servido para frenar un poco el adelgazamiento de las plantillas".
Su homólogo en UGT-Canarias, Gustavo Santana, no realizó mención alguna en torno a la promesa que hacía hace algunos meses de convocar una nueva huelga general en el Archipiélago si el Ejecutivo de Mariano Rajoy no rectificaba el contenido de sus políticas antiobreras.
fuente : http://canarias-semanal.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario