El director de Parques Nacionales, que preside el comité MaB, puntualiza que «no se votó ni se aprobó» el texto que han dado a conocer grupos ecologistas y el gobierno de Paulino Rivero

«No es un informe de la Unesco. La Unesco no conoce siquiera su existencia», señala tajante Basilio Rada, director de Parques Nacionales, acerca del informe que alerta del riesgo que tendría un vertido por explotación del petróleo en Canarias dado a conocer este miércoles por grupos ecologistas y por el Gobierno de Canarias, que saludaron con júbilo su aparición y lo presentaron como propio de este organismo de las Naciones Unidas con sede en París.

Incluso el presidente regional isleño, Paulino Rivero, recurrió a su blog para titular «Tres ministerios han asumido íntegramente el informe "MaB" contra las prospecciones», algo que ha sido desmentido de forma rotunda por fuentes del Gobierno, que sitúan el texto en su carácter meramente informativo, dentro de la reunión del programa MaB («El hombre y la biosfera», por sus siglas en inglés) celebrada el martes en Madrid y presidida por Basilio Rada.

El texto, que llegó a la reunión de la mano de la actual presidente del comité científico del MaB, Marisa Tejedor (ex consejera de Industria en gobiernos de Coalición Canaria y nombrada por Paulino Rivero al frente de la gestora de la Fundación CajaCanarias), aparecía dentro del punto 4 de la sesión, dedicado en su parte principal a los informes del comité científico para la aprobación, «si procede», de las nuevas reservas de la biosfera. Como añadido y bajo el epígrafe «otros informes», se incluía el del petróleo en Canarias, junto con otros sobre parques eólicos y captación de agua en otras regiones de España.

«Esto no lo ha solicitado Unesco París, que no lo conoce siquiera», insistió Basilio Rada, que explica que este tipo de informes no se aprueban: «No tiene objeto que se aprueben, porque no se elevan a ningún sitio». Solamente, tras la lectura de un resumen —el texto completo se les entrega a los asistentes por adelantado— se pregunta si alguien más quiere intervenir, «pero no se tramita como en los otros casos, ya que es de otra naturaleza».

En este punto, Juan Carlos Atienza, de SEO Birdlife, y Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, presentes en la sesión, afirmaron a este periódico que sí fue aprobado «y por unanimidad». De cualquier modo, Atienza reconoció que, dado que no sería elevado a la Unesco, él intervino personalmente para anunciar que su agrupación sí lo llevaría a este organismo de las Naciones Unidas «para que haga un seguimiento cercano al asunto, de manera tal que el gobierno españolcumpla con sus obligaciones con la Unesco y con las reservas de las biosfera» de las islas cercanas a una posible explotación petrolífera.

Sin firma visible y a petición de Lanzarote

El informe, de 50 páginas, no tiene firma visible, algo que había sido reprochado por el gobierno canario en el caso del estudio de impacto ambiental presentado por Repsol a cuenta de las prospecciones petrolíferas, al momento de ponerse a exposición pública, pese a que sí figuraban los datos personales de los responsables.

La génesis del informe se remonta a febrero de 2012, cuando el Cabildo de Lanzarote, que está en guerra abierta contra el petróleo, encargó su redacción a petición del órgano gestor de la reserva de la biosfera de la isla. Entendían al momento de justificarlo que se prevía una actuación —la explotación petrolífera— que ante un accidente podía causar daños medioambientales a la reserva de la biosfera.

Preguntado Atienza acerca de la autoría del informe, respondió que la desconocía, pero que por lo general se establece uno o varios redactores dentro del comité científico, que luego analiza los borradores para hacer las correcciones oportunas antes de darlo a conocer al comité español del MaB.

El informe advierte de los riesgos para el medioambiente de un posible vertido de hidrocarburos en las aguas cercanas a las islas, algo ya puesto de manifiesto en el propio informe de Repsol, y hace suyos muchos de los postulados del frente antipetrolero formado por el gobierno regional y los cabildos de las islas orientales.

Así, sostiene que «al margen de los aspectos jurídicos», hay «una gran preocupación en la población de las islas de Lanzarote y Fuerteventura», que han apostado por un modelo relacionado con el turismo, «basado en la preservación del medio ambiente y en un uso sostenible del mismo».

En resumen, dedica 5 páginas a contar la concesión de los permisos, 30 a describir la riqueza de los ecosistemas de las reservas de la biosfera de Lanzarote y Fuerteventura y 8 a detallar el posible impacto de una contaminación de hidrocarburos. Las conclusiones se limitan a once líneas, antes de una bibliografía consultada, de dos páginas.

fuente :http://www.abc.es