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“Lutasanol”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a regularizar
de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo
falsos. La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso y
habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la
trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos
administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un
gestor laboral que colaboraba con la trama. Asimismo, se ha llevado a cabo
un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la
trama donde se intervino abundante documentación, copias de identidad,
nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad
delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros
realizados a las víctimas.
Cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros
Según la investigación que comenzó el pasado año, los miembros de la
organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o
renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, les ofrecían
contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con
el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la
Administración, pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y
los 10.500 euros.
Los agentes han podido constatar que la organización realizaba altas de
trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad
empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas
generaron un fraude superior a los 100.000 euros y con el que se les podía
incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Más allá de la provincia de Almería
La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería,
captando ciudadanos en Murcia y diversos puntos de las provincias de
Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura contaba con funciones
perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión
documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de
legalidad a toda la operativa.
Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado
ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo
beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos
extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.
Por tal motivo se procedió a la detención de una persona que ejercía las
funciones de captador, así como a la investigación de los administradores de
la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor
laboral/contable con despacho profesional en Almería.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial
(UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto
Principal de la Guardia Civil de El Ejido y dirigida por el Tribunal de Instancia
Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).
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