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sábado, 31 de enero de 2015

Buscar petróleo cueste lo que cueste, ahora en Baleares




Entrada de blog por Julio Barea
Parece que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) sigue empeñado en convertir a nuestro país en el nuevo Texas de las exploraciones petrolíferas. Cueste lo que cueste, aunque sea vulnerando leyes y directivas europeas (denunciado en dos ocasiones por Greenpeace, en septiembre y octubre de 2014) o, como apunta un informe en poder del Gobierno canario, “presuntamente” prevaricando a la hora de otorgar el permiso de exploración a Repsol.

Después de la fallida aventura y huida en falso de Canarias, el próximo fiasco petrolero del ministro de Industria parece que será la Declaración de Impacto Ambiental negativa para realizar prospecciones frente a las costas de Valencia e Ibiza. Visto su fracaso, el MINETUR intenta otra vez sacar adelante nuevos proyectos petroleros, aunque sea haciendo “trapisondas”, como ya nos tiene acostumbrados.
El pasado 5 de enero Greenpeace recibió el expediente de la compañía Seabird Exploration para realizar una campaña sísmica en aguas del golfo de León al norte de Menorca. Este ya fue descartado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en 2014 por no cumplir la legislación. Sin embargo, el MINETUR vuelve a ponerse al lado de las empresas petroleras y nuevamente relanza de forma irregular el proyecto. Esta vez incumpliendo la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental, que determina que todo el expediente debería sacarse a información pública general y no solo limitarse a consultar a Administraciones y a personas interesadas.
De nuevo Greenpeace ha solicitado por escrito al MINETUR y MAGRAMA que se cumpla la ley y se someta todo el proyecto a información pública. Todo ello demuestra hasta donde está dispuesto a llegar el ministro de Industria, con el apoyo del Gobierno central, por sacar adelante su personal apuesta petrolera. Apuesta que seguramente llevará a España a recibir sanciones y multas por parte de Bruselas cuando se resuelvan las quejas actualmente en investigación por el Parlamento y la Comisión europea. Multas que terminaremos pagando la ciudadanía ya que el ministro culpable, retirado o no, dejará “lamentablemente” de tener responsabilidad sobre sus decisiones pasadas.

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