Esto no tiene remedio. Ni con un reseteo. El Gobierno de España ha propinado en tan solo 48 horas dos patadas en la boca al de Canarias sin la más elemental lógica y sin el menor respeto a los principios básicos de la lealtad institucional. La primera, de la que informábamos desde ayer, la prohibición "por falta de cobertura legal" de la visita que tenían programada los jueces y fiscales que desde hoy se reunirán en Meloneras en torno al Foro de los Derechos Humanos y la Inmigración, una especie de escuela de formación destinada a que los que tienen que impartir justicia conozcan pormenorizadamente los instrumentos, las experiencias, los recursos públicos y la última hora de un fenómeno que, aun habiendo decrecido, sigue siendo de importancia en un país frontera como es el nuestro. La segunda patada, el extravagante recurso contra la decisión de devolver a los funcionarios de Canarias una parte de la paga extra indebidamente retenida en 2012, a pesar de las resoluciones judiciales dando la razón a los trabajadores públicos y a pesar de que el mismo ministerio de Montoro, pero en su vertiente de Administraciones Públicas, había autorizado el abono. La perreta del Gobierno de España se agrava con la petición en su recurso de "medidas cautelarísimas" con las que pretende que los funcionarios devuelvan el dinero en lo que los tribunales entran en el fondo de la cuestión. Pero vayamos por parte.
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