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El Partido Popular y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han hecho oídos sordos ante el rechazo social generado por las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Unas reformas que tendrán graves repercusiones sobre varios derechos fundamentales. Han decidido permanecer sordos ante el rechazo de las organizaciones y movimientos sociales, de instituciones internacionales de protección de los derechos humanos, de asociaciones de abogados, jueces y fiscales, de partidos políticos o hasta de sindicatos policiales.
El ministro Fernández sigue en su mundo irreal donde existe un grave problema de seguridad ciudadana y donde estas leyes nacen como respuesta a una demanda social. Imaginan una historia de ficción de calles que se llenan de violentos. Por eso hay que detener a quien cometa un delito... y también a quien se sospeche que podría cometerlo o, por qué no, a quien merodee por los alrededores. Hasta 30.000 euros por concentrarse frente a un parlamento autonómico o hasta 600.000 euros por convocar una marcha a una central nuclear sin comunicación previa.
En Greenpeace no se nos escapa que esta ley será una herramienta para que el Gobierno y sus "amigos", que dirigen las políticas ambientales y energéticas en nuestro país, lo tengan más fácil para aplicar sus objetivos sin la acción incómoda de la sociedad civil.
Greenpeace ha estado esta mañana ante el Congreso para mostrar su rechazo a la nueva Ley. Y vamos a seguir luchando a todos los niveles para asegurar su derogación. Junto a otras organizaciones seguiremos movilizándonos para exponer la desproporcionalidad de las leyes, y, por supuesto, continuaremos ejerciendo nuestra libertad de expresión mediante la protesta pacífica. ¿Nos ayudas?
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