Sus integrantes están investigados por la comisión de delitos contra las personas y el patrimonio en sus formas más graves, como homicidio en grado de tentativa, secuestro, tortura, lesiones graves, robos con violencia y amenazas, agravado por el uso de armas y actuar en casa habitada
En el caso investigado que dio origen a esta operación, dos personas fueron detenidas ilegalmente y ocultadas en un viejo contenedor de mercancías, en una finca privada de la provincia de Toledo, donde fueron sometidos a una extrema violencia
La investigación acreditó que estaban preparando un “golpe” en una empresa de tecnología, para lo que tenían perfectamente planeado el secuestro del vigilante de seguridad de la misma, no llevándose a cabo únicamente por las restricciones de movilidad derivadas de la alerta sanitaria del COVID-19
La Guardia Civil, en la denominada operación RÍO LOBOS, ha conseguido desarticular íntegramente un peligroso grupo criminal asentado en las provincias de Madrid y Toledo, acusado de la comisión de hechos delictivos graves, principalmente tentativa de homicidio, secuestro, torturas y robos con violencia.
La actividad delictiva de este grupo delincuencial se centraba
principalmente en la sustracción de efectos, prioritariamente joyas y
dinero, mediante el empleo de una violencia extrema sobre sus víctimas,
las cuales eran previamente detenidas ilegalmente, siendo torturadas con
el fin de conseguir la información necesaria si no conseguían sus
objetivos inicialmente.
Perfectamente equipados y caracterizados de cuerpos policiales
La investigación se inicia por la Sección de Delincuencia
Organizada Contra el Patrimonio de la Unidad Central Operativa (UCO) y
la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia
Civil de Segovia, a raíz de la denuncia presentada por un matrimonio de
ciudadanos españoles en la que relatan cómo fueron interceptados
mientras se desplazaban por la provincia de Segovia, al ser asaltados
por un grupo de personas que iban vestidos como miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y armados, siendo introducidos por
separado en sendos vehículos y trasladados por diversos tipos de
carretera por espacio de casi dos horas, introduciéndoles finalmente en
una especie de habitáculo que, posteriormente, pudieron describir como
un contenedor de mercancías.
En ese lugar comenzó la parte más dura de su cautiverio, al ser
brutalmente agredidos para que revelaran donde tenían escondidas las
joyas y el dinero en su domicilio, así como las claves de los sistemas
de alarma y posibles cajas de seguridad.
Análisis de más de 200 kilómetros de vías de comunicación
Inmediatamente comenzó, por parte del equipo investigador, la
reconstrucción de los hechos acaecidos, procediéndose al análisis de
multitud de datos de toda índole recogidos en la reconstrucción de los
hechos realizada a lo largo de más de 200 kilómetros de diversas vías de
comunicación.
Este análisis, unido a los datos obtenidos en otras labores de
investigación complementarias, permitió la obtención de una serie de
indicios de gran interés para la investigación que, tras más de 6 meses,
permitieron a los agentes corroborar la existencia de un grupo
perfectamente organizado y cohesionado, formado siempre por más de
cuatro personas coordinadas para la perpetración de delitos graves, y
teniendo cada uno de sus miembros funciones perfectamente asignadas,
como son la selección de lugares y víctimas, medios de transporte a
emplear, vigilancias sobre posibles objetivos y valoración del posible
beneficio económico a obtener.
“Botín” de 14 millones de euros y cese de la actividad delictiva por el COVID19
Con todos los componentes del grupo delictivo identificados, los
investigadores pudieron conocer con total certeza que los mismos tenían
previsto, en un breve espacio de tiempo, llevar a cabo un robo de gran
envergadura en una empresa del sector de las tecnologías, en el que se
harían con un “botín” estimado de más de catorce millones de euros,
siempre según la previsión de sus integrantes.
Esta actuación, en la tenían perfectamente planificado y organizado
el secuestro del vigilante de seguridad de la citada empresa, fue
abortada por los propios autores por las restricciones de movilidad
derivadas de la alerta sanitaria del COVID 19, circunstancia que ha
condicionado de forma muy importante la presente investigación, ya que
si bien las personas investigadas pasaban largos periodos de tiempo de
inactividad, los agentes han mantenido en todo momento el control
operativo sobre todas ellas, estando permanentemente preparados para
proceder a las detenciones in fraganti de los posibles responsables en
el momento que se hubiera detectado que fueran a actuar.
Finalmente, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia generada
por el COVID 19 y las situaciones generalizadas de confinamiento
anteriormente descritas, cuando se cumplía el año desde que se
produjeron los graves delitos por los que se inició la presente
investigación, se procedió, en perfecta coordinación con el Juzgado de
Instrucción nº 1 de Sepúlveda (Segovia), a la detención de todos los
implicados con actuaciones en los partidos judiciales de la ciudad de
Madrid, Móstoles, Illescas y Torrijos (Toledo).
Precisión en la ejecución de sus actividades delictivas
Cuatro de las personas detenidas son las que materializaron el
secuestro, traslado y torturas de las víctimas, con cuya denuncia se
inicia la presente investigación, mientras que los otros dos son los
que, con la información precisa que proporcionan a los anteriores, ponen
a las dos víctimas en el punto de mira de este violento grupo criminal,
propiciando que pudiesen ejecutar los delitos descritos con precisión
casi militar, considerándoseles de esta manera como cooperadores
necesarios y, por lo tanto, como coautores de los delitos investigados.
Se han llevado a cabo 6 registros domiciliarios, resaltando que, en
uno de ellos, uno de los objetivos de la presente investigación efectuó
un disparo contra la fuerza actuante, cuyo proyectil, milagrosamente,
sólo rozó el cuello de unos de los agentes de la Unidad Central
Operativa.
En estos registros se han intervenido dos armas cortas de fuego y
una escopeta con los cañones recortados, todas ellas aptas para hacer
fuego real, así como abundante munición para dichas armas, varias armas
simuladas, pistolas táser, armas blancas, grilletes, gran cantidad de
prendas de uniformidad policial como uniformes, gorras, chalecos
identificativos, chalecos antibalas, placas policiales identificativas,
rotativos de vehículos policiales, así como matrículas falsificadas,
dinero en efectivo, joyas y gran cantidad de pruebas que vinculan a los
detenidos con los hechos investigados.
La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por la
Sección de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa y la
Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia, todo
ello coordinado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sepúlveda
(Segovia), cuyo titular ha decretado prisión incondicional para todos
los detenidos.
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