El gobierno dilata el céntimo verde

Los cabildos aguardan el visto bueno del Gobierno de Canarias para conocer la manera en la que introducir en el Archipiélago el céntimo verde, una fórmula impositiva con la que se pretende gravar el uso del combustible para revertirlo en políticas ambientales. Por el momento, desde el Ejecutivo no se ha dado ningún paso.

La Fecai aprobó de manera unánime poner en marcha esta fórmula, pero necesitan la aprobación y guía del Gobierno de Canarias. La propuesta de los cabildos ya está en manos del Ejecutivo de Fernando Clavijo, y tanto las áreas de Transporte, como la de Hacienda, tienen entre sus proyectos la elaboración de los informes en los que se detalle cómo aplicar este recargo.

Juan Manuel Brito, responsable del área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, contaba, además, con unos plazos ambiciosos para poner en marcha el denominado céntimo verde. Tras una reunión de la Fecai el pasado mes de mayo marcaba el próximo año como fecha posible para introducir este impuesto.

Sin embargo, todo está a expensas de que el Gobierno regional elabore sus informes y dé su visto bueno. Por el momento, este hecho no se ha producido, tal y como reconocen a este periódico desde la presidencia de turno de la Federación de Cabildos.

Desde el gabinete de Clavijo se dijo en un principio que la propuesta de los cabildos sería valorado con atención, pero en los últimos meses, la secuencia de los acontecimientos ha ido dejando en punto muerto la elaboración de un plan para implantarlo por parte del Ejecutivo.

Aunque se dijo que la consejería de Hacienda, con Rosa Dávila al frente, veía con buenos ojos la propuesta, lo cierto es que esta área se está manifestando reticente a poner en marcha los informes necesarios. A su vez, Transportes, que siempre pone por delante que esta es una competencia en la que solo Hacienda tiene galones, también ha manifestado algunas contradicciones con la idea de los cabildos. Especialmente en las relacionadas con la posibilidad de que los combustibles para profesionales también reciban esta carga.

Los cabildos, de hecho, aclaraban en su propuesta, que más que cargar a los combustibles, fuera el propio Gobierno quien lo detrajera de sus presupuestos, aunque esto llevaría al Ejecutivo a ser quien lo aplicara, ya que no estaría por la labor de afrontar esa merma presupuestaria. Por lo tanto, aunque la idea era que en 2017 estuviera en marcha, sigue sin haber novedades.

fuente.http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=432090