Mientras el Gobierno de Canarias viene realizando enormes esfuerzos paramejorar la conectividad del Archipiélago, proponiendo medidas como la bonificación de las tasas aéreas o impulsando el desarrollo del Fondo de Vuelos, el Gobierno del Estado mira hacia otro lado ante la escalada abusiva de los precios de los billetes aéreos entre Canarias y la Península.
Desgraciadamente, nada nuevo. Desde hace años venimos denunciando la pérdida de plazas aéreas y el incremento de los precios que, en la práctica, nos alejan más de España. Los canarios tenemos ahora menos posibilidades de viajar, y cuando lo hacemos nos cuesta mucho más dinero.
Así las cosas, mientras los canarios pagamos la dejadez del Gobierno del PP, el Ministerio de Fomento ni se molesta en informar sobre los precios de los vuelos que, recordemos, están subvencionados con fondos públicos.
Coincido en este punto con las críticas vertidas por el presidente balear, José Ramón Bauzá, que también ha lamentado que el Ministerio le niegue informes sobre los precios de los vuelos -a pesar de habérselos pedido reiteradamente-. Un ejemplo más de inacción, incapacidad y deslealtad por parte del Gobierno central, pues la información solicitada es necesaria e imprescindible para conocer de primera mano qué está sucediendo y qué medidas se pueden implementar para corregir una situación que está provocando numerosos perjuicios a los canarios. Perjuicios que se traducen en un incremento exagerado del precio en cuanto se acerca la fecha prevista del vuelo, penalizándose a quienes no pueden programar con meses de antelación su viaje.
El Gobierno del PP ni atiende ni entiende a los canarios, ni atiende ni entiende nuestros problemas, ni atiende ni entiende demandas que son sencillamente justas y razonables. No entiende la importancia estratégica del transporte aéreo. No comprende que los aeropuertos en un archipiélago son piezas fundamentales para nuestra economía, para la cohesión social y territorial.
Llueve sobre mojado. Al inmovilismo en este asunto se añaden otras decisiones que nos perjudican enormemente, como la oposición inicial a la bonificación de las tasas aeroportuarias, el proceso de privatización de AENA que está en marcha o la exigencia de solicitar el certificado de residencia para viajar. En todos estos casos, el Gobierno del Estado hace oídos sordos a las demandas de esta comunidad autónoma y a las necesidades de los canarios en materia de movilidad.
En el caso concreto de los precios de los billetes he planteado en alguna ocasión la oportunidad de que se establezcan obligaciones de servicio público entre los vuelos Canarias-Península, un mecanismo que puede garantizar normativamente una correcta prestación de este servicio, tanto en frecuencias como en rutas y en precios.
El Gobierno del Estado debe tomar alguna iniciativa para poner freno a una escalada de precios que nos coloca en una clara desventaja competitiva con respecto a quienes viven en territorio continental. No se avanzará en la cohesión social o territorial del Estado si esta situación se mantiene en el tiempo; pero, a la vista está, respecto a las preocupaciones de estas Islas el PP ni está ni se le espera, ni atiende ni entiende las necesidades y preocupaciones de los canarios.
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