Por Ernesto Gutiérrez - Canarias-semanal.org
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado la demolición del edificio de la Biblioteca Pública del Estado, construida hace casi dos décadas junto al parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria, al dictaminar que su edificación "contravino las disposiciones urbanísticas".
El edificio público se levantó siendo alcalde de la capital grancanaria el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, y en contra de la opinión de los técnicos del propio Ayuntamiento. En 1997, estos técnicos advirtieron a Soria de que, si pretendía llevar adelante el proyecto en la parcela elegida, era preciso elaborar previamente un plan especial para ordenar la zona, en la que estaba previsto ubicar un parque. El alcalde, sin embargo, ignoró este informe y, enfrentándose a los vecinos, que veían cómo la biblioteca pública impediría la visión del mar que tenían las viviendas cuando las compraron, siguió adelante con sus propósitos.
El Supremo, aduce en su sentencia que la finalidad de la Ley de Patrimonio "es amparar las bibliotecas de titularidad del Estado bajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmente y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".
De igual forma, el TS reconoce que es consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado como ocurre en este caso, pero especifica que su función "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".
El cumplimiento de la sentencia dictada por el Supremo, como consecuencia de la ilegalidad cometida por el entonces alcalde José Manuel Soria y su grupo de gobierno, supondría la demolición de una obra que costó más de seis millones de euros y la pérdida de una infraestructura fundamental para Las Palmas de Gran Canaria.
A este respecto, la actual portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento capitalino,Isabel Mena, declaró que “la ley hay que cumplirla pero hay que seguir buscando resquicios por mantener en pie una infraestructura con más de 10.000 socios”. "El Partido Popular cometió una ilegalidad que daña económica y culturalmente a la ciudad” -añadió la concejal del PSOE quien, sin embargo, sólo se refirió a las "responsabilidades políticas" que habría que exigir a los culpables del desaguisado urbanístico.
"Hablar de 'responsabilidades políticas' a estas alturas de la película me parece una broma de mal gusto, porque todos sabemos que eso finalmente no se traduce en nada" - manifestó uno de los usuarios de la Biblioteca del Estado consultado sobre este particular por Canarias-semanal.
"Si Soria cometió una ilegalidad - añade este jubilado que cada día acude al edificio que podría ser derribado - lo que debemos exigir es que responda ante los tribunales y, si se llega a derribar la biblioteca, que él y su partido paguen el monto total del dinero público invertido en la construcción y en la propia demolición".
Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el alcalde de Las Palmas de G.C., Juan José Cardona, anunció en rueda de prensa que "el Ayuntamiento presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la sentencia que ordena el derribo de la Biblioteca Pública”.
Cardona, sin atreverse a cuestionar el fondo de la sentencia, calificó de "desproporcionado"el fallo judicial y aseguró que "entiende que es posible rebatirlo, a partir de los propios argumentos esgrimidos por dos magistrados que emitieron un voto particular en contra".
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