“Ponme con Cristóbal Colón”, debió decir a su secretaria la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias el día que se enteró de que el navegante pudo haber pasado por Maspalomas en su cuarto viaje a América. Quería tener una entrevista con él para verificar que eran ciertas las pretensiones del Cabildo de Gran Canaria de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el área alrededor del oasis y del palmeral del mismo nombre y para, llegado el caso, negociar con él una salida pacífica que permitiera derribar el expediente y, tras una indemnización, hacer que prevalecieran los intereses de la mallorquina Riu sobre la zona. Pero, lástima, la secretaria de Inés Rojas no dio con el descubridor y la conclusión a la que llegaron entonces en la consejería fue que el tal Colón no existía, y por lo tanto, era imposible que conociera Canarias ni pasara por sus alrededores.
Ben Magec presenta su demanda
El Gobierno ha puesto sobre la mesa cuatro soluciones –que se sepa- cada cual más contradictoria con los propósitos que le llevaron a tumbar por las bravas el expediente del BIC. Todas esas soluciones colocan a la cadena mallorquina como única benericiaria, como si en lugar de tener que mover su hotel de sitio, se tratara de un delicado trasplante de corazón. Las negociaciones, por lo poco que han trascendido, son desquiciantes porque se exige a los demás operadores en presencia la más absoluta de las cesiones a cambio de no tocarle nada a Riu. De ahí que tomen cuerpo los recursos contencioso-administrativos que han interpuesto tanto el Cabildo como la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción, en ambos casos escamados ante la entrega gubernamental a la cadena hotelera foránea. Ésta ha venido respondiendo con dos acciones muy concretas: cerrazón absoluta ante cualquier cesión posible y generosas campañas de publicidad en algunos medios locales para que estén convenientemente lubricados cuando llegue el momento de tener que someterlos a lo que desde un principio los mallorquines han considerado contrario a sus intereses. La soberbia del Gobierno le ha conducido a no molestarse siquiera a contestar a Ben Magec su recurso de reposición contra el decreto 90/2014 que tumbaba, en contra las resoluciones de los máximos órganos consultivos, el BIC promovido por el Cabildo, lo que ha conducido a los ecologistas a plantificarse ante la justicia con los argumentos históricos que el equipo de Inés Rojas despreció quizás con las mismas razones con las que este martes dijo en el Parlamento que negocia una subvención a El Museo Canario con su fundador, el doctor Chil y Naranjo, muerto en 1901. Que desde el Gobierno se pretenda negar el paso de Colón por el sitio de Maspalomas no solamente contradice los argumentos delos historiadores, sino también los gestos de los políticos, algunos de los cuales inauguraron en 2002 una placa conmemorativa de los 500 años de la efeméride en la calle Oceanía. En la placa, descubierta al alimón por el actual alcalde, Marco Aurelio Pérez, y por la por entonces delegada el Gobierno, Carolina Darias, puede leerse “De este lugar partió Colon en su último viaje a las nuevas islas de las Canarias hasta las Américas el 25 de mayo de 1502”. Pérez, con su demostrada astucia, ha conseguido guardar un socarrón silencio ante el expediente, promovido por el grupo de gobierno en el Cabildo del que forma parte; Carolina Darias, por su parte, pésimamente asesorada por su hombre en las Tiarajanas, José Antonio Godoy, renegó públicamente de lo que ella mismo había conmemorado.
El BIC vuelve a ser la única solución
Hasta ahora sólo ha trascendido que el Gobierno canario tiene un enorme miedo a Riu, lo que le paraliza y lo que se contradice con aquella postura audaz –aplaudida por todos, incluidos nosotros- adoptada en agosto pasado y consistente en intervenir en el planeamiento en la zona, paralizar las licencias y entrar a saco con una intervención que garantizara el uso público del oasis y del palmeral, compensando a todos los agentes económicos en presencia. Quizás Berriel y Rivero depositaron demasiadas esperanzas en la empresa pública Gesplan, incapaz de hacer un planteamiento creíble, como le ha ocurrido ya en demasiadas ocasiones. Al actual bloqueo también ha contribuido sin duda la cerrazón de la cadena mallorquina, a la que en este corto espacio de tiempo hasta se le ha permitido reformar y ampliar un hotel cercano con tan solo una licencia de obra menor. Por eso vuelve a ser la declaración de Bien de Interés Cultural, con los resortes que la ley otorga a esta figura legal, la mejor solución que evite al Gobierno una colosal metedura de pata y otra frustración colectiva. Si el Gobierno no se da prisa y pone sobre la mesa la legitimidad que le respalda, serán los tribunales de justicia, los que tengan que imponer una solución. Será la peor, sin duda, no ya por el contenido de sus sentencias, sino por los años que volveremos a perder y el dinero que nos va a costar a todos.
Habló José Miguel Pérez
Tiene fama de hablar poco, seguramente menos de lo que debiera, pero cuando José Miguel Pérez se pronuncia pocos se atreven a atribuirle postureo o mentira. Este jueves ha hablado para decir que a él no lo mueven de su puesto de secretario general de la manera que lo pretenden hacer unos cuantos irresponsables de su partido, deseosos ocupar su puesto con la excusa de recoger de la cuneta a los pobres compañeritos de La Palma. Pérez ha confirmado lo que les venimos diciendo aquí de un tiempo a esta parte: no ha habido aún decisión de Ferraz readmitiendo a los seis consejeros que pactaron con el PP, lo que automáticamente se traduce en que no está en peligro el pacto con Coalición Canaria, convertida en víctima de aquella traición en su papel de plañidera de las debilidades ajenas ocasionadas por sus propias derivas. La Ejecutiva Federal ha ganado tiempo con el aplazamiento del juicio civil que debía dilucidar esas expulsiones, lo que también ganará Pérez para demostrar a Pedro Sánchez, y especialmente a César Luena, secretario de Organización, dónde están verdaderamente los traidores y, de paso, que con la que está cayendo es preferible honra sin barcos que barcos sin honra. La rebelión promovida por un sector que apoya a Patricia Hernández como futura lideresa y, desde Gran Canaria, por Sebastián Franquis, temeroso de su futuro al calorcito de un sueldo público, empieza a resquebrajarse ante la estampida de algunos seguidores de la candidata a los que no les gusta el aspecto que está adquiriendo esta algarada. Algunos periodistas, incapaces de salir del atolladero en el que le han metido instigadores de esa trama, ya tienen identificados a los mentirosos. Sus patas son cada vez más cortas. La próxima filtración no se la van a dejar pasar.
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