Hoy es 23 de noviembre; y hoy, guste o no al Gobierno del PP, la voz de los canarios se va a escuchar. Hoy, 23 de noviembre, pese a quien le pese los canarios nos expresamos libremente para que se sepa dentro y fuera de España que Canarias se opone a unas prospecciones petrolíferas que amenazan a nuestra biodiversidad y a nuestra economía, poniendo irresponsablemente en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente del sector turístico.
Hoy es 23 de noviembre, y quienes han movido cielo y tierra para que no se nos escuche van a oír a toda una sociedad decir, alto y claro, que nos rebelamos frente al abuso que Gobierno de España y Repsol están protagonizando contra nuestras Islas. No nos van a callar, ni hoy ni nunca.
Sin embargo, el Gobierno de España -el Partido Popular- ha dado y da la espalda a la voz de la inmensa mayoría de los canarios, no ha respondido ni responde al sinfín de invitaciones al diálogo y, de alguna manera, castiga con el silencio a quienes sí cumplimos la ley. A la vista está, el presidente del Gobierno de España mira hacia otro lado y huye de la política escudándose en una batería de recursos judiciales.
Consciente o inconscientemente, olvida Rajoy que de los políticos se espera que hagan política y de los tribunales que impartan justicia. Los políticos no pueden derivar una y otra vez su responsabilidad en los tribunales, no cuando lo que está sobre la mesa son decisiones claramente políticas. Si los políticos renuncian a su propio espacio, si huyen de su ámbito de decisión, ¿dónde queda la política, señor Rajoy?
Este modo de proceder, que el Gobierno del PP y su presidente Rajoy han llevado al paroxismo, supone el reconocimiento implícito de un fracaso: el de la política entendida como instrumento de concertación y diálogo para avanzar en la resolución de los problemas.
Tenemos sobrados ejemplos de ello en los últimos meses, especialmente en asuntos relacionados con la territorialidad del Estado, pero también en materias fundamentales para el futuro de comunidades autónomas como la nuestra.
En esa dirección, las decisiones adoptadas por el PP para entorpecer el ejercicio a la libertad de expresión en Canarias con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los decretos que regulan la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas son el ejemplo perfecto del fracaso de la política que hoy por hoy encarna el presidente del Gobierno de España.
El Gobierno del Estado no puede esconderse detrás de los tribunales para eludir su responsabilidad o para justificar la ausencia de diálogo y negociación en un procedimiento de tanta importancia para los canarios de hoy y para los canarios del día de mañana.
En el caso concreto de las autorizaciones otorgadas a Repsol, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha respondido a uno solo de los escritos que se le han enviado desde la Presidencia del Gobierno de Canarias; y a las ofertas de negociación y de diálogo, o a las comunicaciones formales que daban cuenta de importantes acuerdos adoptados por el Parlamento de Canarias han respondido con un silencio irresponsable. Una actitud que revela su desprecio no solo a las más elementales normas de cortesía institucional sino al mismo ejercicio de la política.
El caso de las prospecciones petrolíferas es, fue siempre, un asunto político, un tema que debía encauzarse desde la política con un diálogo abierto y sincero entre las partes. El Gobierno del PP no ha dejado un mínimo espacio para la política en estos últimos años y ha intentado dar un barniz jurídico a un problema netamente político. Ese no es el camino. No es lo que la ciudadanía espera hoy en día de sus representantes.
Por eso hoy, 23 de noviembre, nos van a oír.
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