Canarias/ El Consejo de Ministros ha acordado este viernes autorizar la impugnación, tras recibir el informe del Consejo de Estado que respalda el recurso de inconstitucionalidad, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Las propuestas de impugnación se plantean con invocación del Artículo 161.2 de la Constitución, que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren desde el momento de la admisión por parte del TC, así como las actuaciones de preparación de la convocatoria.
"Estamos hablando de competencias no del Gobierno de Canarias sino del Estado", ha señalado Sáenz de Santamaría. La Abogacía del Estado será la encargada de presentar la impugnación de ambos decretos en una fecha que no ha especificado la portavoz del Ejecutivo.
No cabe la "negociación"
No cabe la "negociación"
El Gobierno de Canarias fijó el pasado 2 de octubre que la consulta sobre las prospecciones petrolíferas se celebraría el próximo 23 de noviembre con la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".
El Gobierno de Canarias aprobó dos decretos para regular la convocatoria, uno de ellos regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el otro las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general.
Rivero "no acepta" que razones políticas impidan la consulta
Rivero "no acepta" que razones políticas impidan la consulta
Solo unas horas antes de que el Consejo de Ministros autorizara la impugnación, el presidente del Gobierno de Canarias ha asegurado que "no acepta" que por razones políticas se impida hablar a los ciudadanos, tras conocer que el dictamen del Consejo de Estado respaldaba el recurso ante el Tribunal Constitucional.
"El Gobierno --de Canarias-- no acepta que por razones de tipo político se esté impidiendo que los canarios hablen, a partir de ahí seremos respetuosos con el ordenamiento jurídico y esperamos que el pueblo y la sociedad canaria se vaya sensibilizando aún más para impedir. Lo verdaderamente importante es que no queremos que se ponga en riesgo el futuro de Canarias", ha dicho en declaraciones a los periodistas.
Rivero ha admitido que no ha analizado en profundidad el dictamen del Consejo de Estado, aún así ha subrayado que el Gobierno regional "está convencido de que se ha hecho un planteamiento desde el cumplimiento estricto a la legalidad vigente".
El Gobierno central solicitó informe urgente al Consejo de Estado el pasado día 10 de octubre y el órgano consultivo aprobó su dictamen este jueves. En concreto, le pidió opinión sobre un decreto del 25 de septiembre, que contiene el reglamento para celebrar consultas ciudadanas "en asuntos de interés general de competencia de las comunidades".
Cabe recordar que el Tribunal Supremo desestimó los siete recursos planteados por administraciones y colectivos y partidos políticos, contra el decreto del Gobierno central de marzo de 2012 que autorizaba las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias, con una declaración de impacto ambiental favorable.
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