DON JULIO ESCRITOR
Por: Julio César González Padrón
Artículo de opinión
El inicio del juicio del denominado “Caso Kitchen” (año 2013), más de diez años después de que salieran a la luz los hechos investigados, no debería ser motivo de alivio institucional, sino de profunda reflexión crítica. Porque cuando la justicia tarda tanto en actuar, deja de ser únicamente un poder garantista para convertirse, en la práctica, en un sistema que erosiona la confianza pública y diluye responsabilidades.
En este sentido, los teldense no observamos este proceso desde la distancia o como extraño, pues la ciudad ya vivió en primera persona una experiencia similar con el Caso Faycán, cuyo recorrido judicial expone con claridad los efectos reales de la lentitud estructural del sistema judicial español.
El Caso Kitchen investiga una presunta operación parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior de España durante el gobierno de Mariano Rajoy.
El objetivo habría sido sustraer documentación comprometedora al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, utilizando medios públicos y fondos reservados.
No se trata de un caso menor; pues de confirmarse los hechos, estaríamos ante una utilización de estructuras del Estado para proteger intereses partidistas; lo que supone una alteración grave de los principios básicos del propio Estado de Derecho. No es solo corrupción, sería la instrumentalización del poder.
Por otra parte, en el caso Faycan, que investigó el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde durante los primeros años de los 2000, constituye un precedente especialmente revelador. Afectó a responsables políticos de un consistorio gobernado mayoritariamente por el Partido Popular junto a Ciuca y tardó más de una década en llegar a juicio.
Cuando finalmente lo hizo, el tiempo ya había “hecho su trabajo”.
Las dilaciones indebidas no fueron una excepción, sino un elemento determinante del resultado. Las penas se redujeron de forma significativa, en muchos casos hasta niveles que evitaron el ingreso efectivo en prisión. Lo que en su momento generó una enorme alarma social, que terminó resolviéndose con consecuencias jurídicas percibidas por muchos ciudadanos como insuficientes.
Y aquí reside el problema de fondo: no en la legalidad de las decisiones judiciales, sino en el contexto que las hace inevitables.
Por ello no cesaré en preguntarme … ¿La dilatación en el tiempo es garantía o disfunción?
El sistema judicial español se ampara —con razón— en la necesidad de garantizar los derechos de los investigados. Pero esa garantía, desde el punto de vista de este “viejo lobo de mar y mauro de Telde” que suscribe, no puede convertirse en una coartada permanente para justificar retrasos de una década o más.
Porque la historia nos ha enseñado que cuando los procedimientos judiciales se dilatan de forma sistemática:
La memoria de los hechos se debilita.
La presión social desaparece.
Los responsables políticos, en muchos casos, ya no están en activo.
Y las consecuencias penales pierden gran parte de su sentido ejemplarizante.
No se trata de una anomalía puntual. Es un patrón.
El Caso Kitchen llega a juicio bajo ese mismo riesgo. Y no es una especulación; la experiencia demuestra que las dilaciones indebidas pueden traducirse en reducciones de condena, incluso en casos de especial gravedad institucional.
Y es aquí donde la crítica debe ser clara, porque el problema no es solo la corrupción política, sino la incapacidad del sistema judicial para responder a ella en tiempo razonable.
Un Estado de Derecho no se mide únicamente por la existencia de tribunales independientes, sino por su eficacia. Y cuando esa eficacia falla de manera reiterada en los casos más sensibles; el mensaje que se transmite es profundamente dañino, ya que el tiempo puede convertirse en un aliado de quien tiene recursos para resistirlo.
La justicia tardía no es neutral. Tiene efectos, y entre esos efectos se encuentra una percepción cada vez más extendida de desigualdad. La idea cada vez más generalizada de que ciertos delitos, especialmente los vinculados al poder político, reciben un tratamiento distinto, no necesariamente en la ley, pero sí en los tiempos.
Desde Telde y para los ciudadanos de este municipio, la comparación con el Caso Faycán no es retórica, es empírica. Ya se ha comprobado cómo una causa de gran impacto social puede diluirse con el paso de los años hasta desembocar en resoluciones que, siendo jurídicamente correctas, resultan socialmente insatisfactorias.
El riesgo de que ocurra lo mismo con el Caso Kitchen es evidente.
Y si eso sucede, no será únicamente responsabilidad de los acusados o de los hechos investigados, sino también de un sistema que ha permitido que el tiempo juegue un papel decisivo.
Como conclusión y como propuestas para que una justicia llegue a tiempo, diremos que, el juicio del Caso Kitchen no debería analizarse únicamente por lo que se juzga, sino por cuándo se juzga. Porque una justicia que llega diez años tarde, no llega en las mismas condiciones.
Desde una perspectiva constructiva, y a la luz de lo ocurrido tanto en el ámbito nacional como en Telde, cabe plantear algunas medidas que podrían contribuir a evitar que situaciones como estas se repitan:
Refuerzo real de medios materiales y humanos en la justicia, especialmente en juzgados que instruyen causas complejas de corrupción.
Creación de unidades especializadas y estables en delitos de corrupción política, con equipos multidisciplinares que eviten la fragmentación de las investigaciones.
Establecimiento de plazos procesales más exigentes y controlados, con mecanismos efectivos de supervisión para evitar paralizaciones injustificadas.
Limitación del uso abusivo de recursos y maniobras dilatorias, garantizando el derecho de defensa sin permitir estrategias orientadas exclusivamente a alargar los procedimientos.
Transparencia periódica sobre el estado de las causas de alto interés público, para evitar que desaparezcan del debate ciudadano durante años.
Estas propuestas no pretenden debilitar las garantías del sistema, sino reforzarlas. Porque una justicia eficaz no es la que condena más, sino la que actúa a tiempo y con credibilidad.
Telde ya ha comprobado las consecuencias de no hacerlo. El Caso Faycán dejó una huella que va más allá de las sentencias: la sensación de que la justicia, cuando tarda demasiado, pierde parte de su sentido.
Evitar que esa percepción se repita en el Caso Kitchen —y en futuros casos— no es solo una cuestión jurídica. Es una responsabilidad democrática.
Porque como decimos en mi pueblo… “A conejo huido, palos a la madriguera; o como dicen el Lanzarote cuando tardan en sacar a los petreles de su nido… “Ojos que te vieron dir por esos mares pá dentro…, Ya que, Petrel tardío, Petrel comido”
¡Qué cosas!
Fdo: Julio César González Padrón
Marino Mercante y escritor
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