Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de Ciuca – Ciudadanos para el Cambio, asegura que las declaraciones de la alcaldesa, Carmen Hernández, que comunicaba a la ciudadanía hace unas semanas que el polideportivo de La Barranquera abriría sus puertas de manera inminente “es una mentira más de todas las que ha dicho a lo largo de su alcaldía”.
Para el concejal de la oposición, “ni siquiera la obra contratada por parte del Ayuntamiento está finalizada, y es más, aún falta una parte considerable para su conclusión”, y añade que “después de esto queda un largo camino técnico y de nuevas obras”. Es por ello, que entiende que “desgraciadamente no será una apertura de manera inminente”.
Sostiene que “sus declaraciones lo único que hacen es confundir y generar falsas esperanzas a los miles de usuarios del municipio que se quedaron sin actividades deportivas de la noche a la mañana por la pésima gestión del gobierno municipal y de sus concejales de Contratación, Celeste López, y de Deportes, Diego Ojeda, que no fueron capaces de buscar una alternativa para la gestión del polideportivo Paco Artiles y optaron por el cierre”.
Peña declara que “fruto de sus improvisaciones y de no controlar lo que sucede en el municipio, Carmen Hernández se adelantó a decir disparates en los medios de comunicación, jugando con el bienestar de la ciudadanía”. El portavoz de Ciuca expresa que “es lo que tiene estar más en Tenerife como parlamentaria que en Telde como alcaldesa, que cuando llega al municipio no sabe ni lo que tiene entre manos”.
La formación política invita a la alcaldesa a “programa con veracidad el futuro del polideportivo de La Barranquera y trasladarlo a la ciudadanía el verdadero calendario de obras, el estado de los trámites y dónde se encuentran las dificultades”. Subraya que “quizás le interesa más no contar la verdad de su apertura para seguir con el mismo discurso hasta las elecciones, faltando a la verdad”.
En la misma línea, denuncia que “el polideportivo Paco Artiles sigue igual, sin moverse un papel en Contratación y sin sacar a concurso público su explotación, y lleva más de un año cerrado”, un tiempo que “hay que sumarle el año antes de cerrar en el que la empresa ya había comunicado que no tenía intención de seguir con la explotación”.
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