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sábado, 18 de noviembre de 2017
El TSJC asume la investigación de la gestión de Clavijo en el 'caso grúas'
El informe del fiscal jefe, Vicente Garrido,
será clave para decidir si declarará o no el presidente del Gobierno
sobre el servicio de retirada de vehículos de La Laguna.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) asumirá la causa contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por el denominado caso grúas,
que investiga una serie de actuaciones supuestamente irregulares
cometidas durante su etapa como concejal de Seguridad Ciudadana y
alcalde de La Laguna en relación al servicio de retirada de vehículos de
la vía pública. El máximo órgano judicial canario tomará las
riendas de la investigación dada la condición de aforado del jefe del
Ejecutivo, tras las diligencias practicadas por la magistrada del
Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, que en los
próximos días, previa exposición razonada, remitirá el expediente a la
Sala de lo Penal del TJSC. El informe que emita el fiscal superior de
Canarias, Vicente Garrido, resulta decisivo para el desarrollo del caso,
ya que, si entiende que no es preciso citar a Clavijo para que declare,
toda la controversia sobre este asunto es probable que se diluya.
La
polémica sobre el servicio de grúas en La Laguna se remonta a 2014,
pero fue en abril de este año cuando Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC,
en la oposición en el Ayuntamiento tinerfeño, acudieron a los
tribunales, al considerar que la comisión de estudio que había
organizado el Consistorio, presidida por Antonio Alarcó (PP), se había
cerrado "en falso" sin depurar responsabilidades.
El 15 de junio
la magistrada Celia Blanco dictó el sobreseimiento provisional y
archivo de la denuncia interpuesta contra Clavijo y el actual alcalde
lagunero, José Alberto Díaz, ambos de CC.
Tras analizar las
consideraciones de los denunciantes y los tres decretos municipales
presuntamente objeto de irregularidades, la jueza no apreció delito
alguno y dio carpetazo al expediente.
Sin embargo, ambos
partidos políticos presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife. La Sección Segunda dictó el 17 de octubre un
duro auto en el que anuló la decisión de la jueza y le ordenó reabrir la
causa por no haber justificado de forma contundente su archivo.
"Examinadas
las actuaciones no hemos de compartir el criterio del Juzgado de
Instrucción, por cuanto los hechos pudiera revestir caracteres de
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de
influencias", se recoge el auto. La Audiencia reprochó a la magistrada
su decisión de sobreseer el caso de forma "precipitada" y "sin practicar
diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los
hechos y personas responsables", conforme a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. De hecho, la jueza indagó unos hechos por los que nunca llamó a
Clavijo en calidad de testigo ni como investigado. El presidente del
Gobierno nunca ha estado imputado por esta causa.
Así, la
Audiencia devolvió la causa al juzgado de La Laguna. Tras ser
cuestionada, la jueza dictó una providencia el 31 de octubre en la que
planteó su posible inhibición en favor del TSJC,
debido a la condición de aforado de Clavijo. El actual alcalde de La
Laguna, José Alberto Díaz (CC) está también denunciado en la causa.
En
su escrito, la jueza ordenó recabar del Ayuntamiento la documentación
obrante relativa a los tres decretos dictados por Fernando Clavijo y el
exconcejal Antonio Pérez-Godiño (CC), que ocupó el área de Seguridad de
2007 a 2011.
Con el fin de acatar las órdenes de la Audiencia,
respecto a oír a las autoridades que firmaron los decretos y, siendo uno
de ellos el presidente canario, la jueza dio traslado al Ministerio
Fiscal y a las partes personadas por ser Clavijo aforado y sobre la
posible competencia de la Sala de lo Penal del TSJC. Como es preceptivo,
la magistrada pidió a todas las partes que se pronunciasen al respecto.
Una vez resuelto esto, el TSJC asumirá la causa y decidirá si
llama a Clavijo como imputado o no. El informe del fiscal jefe de
Canarias, Vicente Garrido, resulta clave en la decisión final. Mientras
se dirime al respecto, la jueza, en un auto el 10 de noviembre, ha
citado a declarar como testigos el 21 de noviembre a siete empresarios
que prestaron el servicio de grúas.
El origen de los hechos
denunciados se sitúa en octubre de 2003, cuando Clavijo, como edil de
Seguridad, abogó por privatizar el servicio de grúas del municipio,
dirigido entonces por la alcaldesa Ana Oramas.
Clavijo la sustituyó en noviembre de 2008 al frente de la Alcaldía
[hasta 2015], cuando ella renunció al puesto para centrarse en su labor
como diputada nacional.
El pleno del 12 de febrero de 2004
aprobó la privatización y en julio de ese año se adjudicó por cinco años
el servicio municipal de las grúas al empresario José Padilla, que, un
año y dos meses después, derivó la adjudicación a su empresa Autogrúas
Poli SL.
Sin embargo, tras graves problema económicos la
concesionaria decidió vender la empresa a un grupo de empleados en abril
de 2011. "Algunos de los socios adquirientes de las participaciones
pudieran tener vinculaciones personales con [en aquel momento alcalde de
La Laguna] Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el
Juzgado de Instrucción", señala el auto de la Audiencia, que recoge la
denuncia de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC. Unos vínculos personales
que niega el presidente.
Según los denunciantes, estos socios
tenían su sede en el mismo domicilio que una sociedad de la que fue
administrador Clavijo, quien en realidad traspasó su gestoría en 2009.
Pese a los cambios al frente de la empresa adjudicataria continuaron los
problemas económicos, impagos de nóminas y el mal estado de las grúas.
Hasta el punto de que en enero de 2014 la junta de gobierno local aprobó
asumir el control de la prestación del servicio por Autogrúas Poli, que
acumulaba una deuda de 300.000 euros. Informes
El
Ayuntamiento abonó a la concesionaria los 200.000 euros que le adeudaba
y se le concedió en 2014 un préstamo de 120.000 euros con los informes
negativos del interventor. El alcalde, vía decreto, salvó los reparos
del funcionario y la Junta de Gobierno dio luz verde a la operación, ya
que Clavijo entendió que el servicio de grúas era esencial para los
ciudadanos y se debía garantizar su continuidad. Contó con informes de
expertos externos (catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y
Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna)
para levantar los reparos para el préstamo de los 120.000 euros, que,
por otro lado, fue ya devuelto por la empresa al Ayuntamiento.
De
este modo, ante la discrepancia con el interventor y con los informes
externos en la mano, la solución por la que se optó fue la menos gravosa
para las arcas municipales porque las otras alternativas que se
estudiaron, como el rescate del servicio, hubiera supuesto la
indemnización al concesionario, la asunción de sus deudas y la
subrogación de sus 22 trabajadores, con el consiguiente coste para las
arcas del Consistorio. El exregidor basó su decisión en circunstancias
sobrevenidas que afectaban al equilibrio económico-financiero de la
prestación del servicio. Además, la peatonalización del casco histórico y
la crisis de aquellos años redujeron los servicios de retirada de
vehículos previsibles.
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