Google no juega a farol. Pero en un país de pícaros, perdonavidas y trileros acostumbrados al palo de callejón oscuro y protegidos por unas capas tan sucias que se dirían las del motín de Esquilache, nadie en Moncloa pareció comprender que esos guiris de Mountain View no tienen paciencia para sentarse a encontrar la bolita bajo el cubilete.
La espantada de Google News en España vuelve a retratar con trazo gordo la estampa de un país de pandereta, pero sobre todo la perversa naturaleza de un lugar donde el llamado cuarto poder se ha convertido en la muleta sobre la que se apoya un poder macilento, gotoso e incapaz de sostenerse sobre sus propios pies.
La imagen internacional es grotesca: por primera vez en la historia de Google, su agregador de noticias será cerrado en un país democrático. Todo se reduce al vil metal, a ese puñado de euros al que aspiraban los grandes grupos editoriales españoles a cambio del doloso trabajo de seguir apareciendo en los resultados del mismo buscador que ha hecho más visible su presencia en Internet.
Purgadas sus redacciones de elementos subversivos y ante la tesitura de tener que imprimir sus noticias en papel higiénico para que al menos alguien las lea, los principales diarios españoles han vendido sus últimos gramos de decencia ayudando a redactar una Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que, en el mejor de los casos, es profundamente miope, y en el peor de ellos solo se puede interpretar como un acto de prostitución. Disciplina a cambio de dinero. Solo que esta vez es posible que terminen poniendo la cama.
Lo cierto es que la inquina de las editoriales no es nueva ni exclusiva de España. En toda Europa los propietarios de las grandes cabeceras nacionales han realizado los más prodigiosos ejercicios de gimnasia semántica para justificar el grave perjuicio que les produce Google News clasificando sus noticias y ayudando a que millones de internautas puedan acceder a ellas de forma sencilla y totalmente gratuita.
Tampoco es nuevo que algunos gobiernos, movidos por el chovinismo o la simple necesidad de ganarse el afecto de una prensa ocasionalmente díscola, hayan apoyado las tesis de los editores con leyes prêt-à-porter, herramientas que ocultan bajo palabras inocuas como "compensación" o "creadores de contenidos" el propósito de mantener con vida una industria que atraviesa horas bajas.
Lo grave del caso español es cómo se ha realizado la tramitación de nuestra propia Tasa Google. A la nocturnidad y la alevosía con la que ha sido gestada, rehuyendo el diálogo y sin buscar opiniones que puedan divergir de las tesis defendidas por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, se suma un lenguaje chapucero y obtuso que culmina con el carácterirrenunciable de un canon injusto.
Éstas son las palabras clave. Irrenunciable e injusto, porque la ley confeccionada entre la AEDE y el ministerio de José Ignacio Wert hace imposible que Google pueda evitar su pago reorientando su agregador de noticias para excluir los resultados de aquellas páginas que se sienten perjudicadas por Google News. Guste o no, Google ha de pagar. Pero pagaremos todos.
Habrá quien quiera ver en el artículo 32.2 de la LPI la ceguera de unas compañías arcaicas y que se niegan a comprender la necesidad de estar en Internet. Disiento. Los grandes grupos editoriales han reorientado su negocio con mayor o menor éxito para aprovechar las últimas tecnologías y han realizado grandes (si tardías) inversiones para insuflar vida en unas cuentas moribundas. Tienen una buena presencia en las redes sociales, conocen el valor del vídeo e incluso han sabido adaptar sus libros de estilo a este nuevo paradigma periodístico.
No estamos en el año 2000. Donde ellos y el gobierno de Mariano Rajoy (a la postre artífice material del último bochorno internacional de España) han estado cortos de miras ha sido a la hora de estimar las posibilidades de que una empresa con unos beneficios de casi 10.000 millones de euros fuera a dar su brazo a torcer en lugar de reírse y mandarlos a todos a paseo. Google recoge su balón y se lo lleva casa ante la estulticia de quien se creía más listo que nadie.
Como Axel Springer descubrió recientemente, una simple penalización en los resultados de Google News puede tener resultados catastróficos para una publicación importante. Veremos qué sucede ahora que Google ha usado la opción nuclear y ha optado por cancelar directamente su servicio.
Diarios como El Mundo y El País sufrirán en sus carnes la arrogancia de los que se creían hidalgos, pero lo que es más importante: infinidad de páginas más pequeñas y con menos recursos que utilizaban Google News como plataforma para llegar a sus lectores se verán privadas de una exposición que amenazaba con hacer sombra a las cabeceras tradicionales. Más crudo aún lo tendrán agregadores independientes como Menéame, condenados a pagar o emigrar.
Es morir matando. La sublimación de la soberbia y la pobreza moral de un gobierno y un séquito que solo se orientan cuando se bajan del avión porque sus boinas tienen agujeros para asomar la vista.
Alberto Ballestín
Fuente: www.quesabesde.com
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