Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- Miguel Ángel Ramírez,presidente de Seguridad Integral Canaria y la U.D. Las Palmas es, sin lugar a dudas, uno de los empresarios isleños con mejores relaciones en las altas esferas de la política dentro y fuera del Archipiélago.
Eximido gracias a un indulto gubernamental de cumplir una condena a tres años y un día de cárcel por un flagrante delito medioambiental, su imputación como presunto autor de otro delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de SIC, defraudando presuntamentemillones de euros, no ha sido obstáculo para que Ramírez continúe recibiendo concesiones públicas que multiplican exponencialmente su ya abultado patrimonio.
El contrato cuestionado por IU en el Congreso fue otorgado en marzo de 2014, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ralons Servicios y SIC- ambas propiedad del presidente de la Unión Deportiva-. Se trata de la adjudicación de un concurso de 11,5 millones de euros que le confiaba la custodia de todos los bienes de Patrimonio Nacional.
Desde el año 2011 Seguridad Integral Canaria ya era la responsable de custodiar la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de España, como elPalacio de Aranjuez, el Palacio de El Pardo, el Monasterio de El Escorial, el Valle de Los Caídos, el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos), el Palacio Real de La Almudaina (Mallorca) y los palacios de La Granja de San Ildefonso y Riofrío (Segovia).
El Gobierno de Mariano Rajoy sostiene que "la adjudicación fue correcta", ajustaba a la ley, y añade para justificar su decisión "que la legislación vigente impide informar sobre los datos que poseen la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social". Razón por la cual la Administración central no habría estado al tanto de que estaban investigando a Ramírez por haber defraudado, presuntamente, más de 2,3 millones de euros, durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
La excusa aducida por el Ejecutivo central, sin embargo, no permite justificar la última de las concesiones públicas otorgadas a Ramírez. A comienzos de abril del presente año, el empresario grancanario comparecía ante la juez de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, para enfrentarse a la imputación derivada del mencionado caso.
Pese a ello, en septiembre SIC extendía sus tentáculos nada más y nada menos que hasta elEjército español, al convertirse en la empresa encargada de la seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, tras ganar un concurso adjudicado en junio por 72,5 millones de euros para un periodo total de cuatro años La prestación de la cobertura de seguridad incluye bases, acuartelamientos, establecimientos y otras propiedades del Ministerio y organismos autónomos tales como el Órgano Central del Ministerio de Defensa (Minisdef), el Estado Mayor de la Defensa (Emad), Ejército de Tierra, Armada , Ejército del Aire, el Servicio Militar de Construcciones (SMC), el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Cehipar), Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Pero el desembarco en la península de Miguel Ángel Ramírez se remonta al año 2005. Entre otras muchas concesiones públicas, Ramírez logró hacerse, el año pasado, con el contrato para la vigilancia de varias zonas de Metro de Madrid, así como en varios ministerios como el de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y otras dependencias públicas como las del Servicio Madrileño de Salud o la Dirección General de Tráfico.
El grupo de Miguel Ángel Ramírez factura actualmente más de 150 millones de euros al año y, gracias al magnífico impulso logrado por sus numerosas concesiones públicas, ha logrado diversificarse e internacionalizarse, extendiendo sus negocios hasta América No son pocos los que achacan la fantástica capacidad de Miguel Ángel Ramírez a sus contactos preferentes en las esferas del poder político. Y es que, como se recordará, la investigación del llamado Caso Bárcenas puso al descubierto que durante los años 2010 y 2011 el presidente de la U.D. Las Palmas fue uno de los principales financistas del Partido Popular. A través de su ex-empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, y según figura en la contabilidad de esa organización política, realizó generosas aportaciones dinerarias al mismo partido que, con sus concesiones, ha convertido a Seguridad Integral Canaria en la empresa líder del sector en el Archipiélago y en la séptima de todo el Estado.
http://canarias-semanal.org/not/14952/el-gobierno-defiende-las-adjudicaciones-al-imputado-miguel-angel-ramirez/
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