El gobierno desobediente. ¿Casualidades de la
vida?
A
pesar de las pomposas declaraciones del presidente Rajoy en el Congreso de los
Diputados, la última encuesta del CIS muestra que la preocupación de los
ciudadanos por la corrupción está en máximos. Lo cual no es de extrañar ante
las distintas ocurrencias de los dirigentes del PP para proteger las
corrupciones y a los corruptos.
En
Telde, con el visto bueno del señor Soria y el resto de la cúpula del PP,
tenemos un claro ejemplo en la protección que la alcaldesa y el concejal de
urbanismo, Pablo Rodríguez, secundados por el resto del pacto de gobierno, dan
a las ilegalidades cometidas en los
proyectos de Don Ambrosio Jiménez y sus empresas.
Sentencia
que ningún gobierno municipal, ni NC-PSOE-CCN, ni PP-CIUCA-CC, ni PP-CC-CCN,
han querido cumplir desde entonces. Imagino que por el agradecimiento que le
deben por financiarles las campañas electorales, o eso dice el señor Jiménez.
Agradecimiento que, evidentemente, no tienen con una familia normal, ciudadanos
de “a pie” como la mayoría de los vecinos de Telde.
Con
fecha 22 de octubre de 2013, a petición del promotor, y presentada por el
concejal de urbanismo, el señor Rodríguez, la Junta de Gobierno Local aprobó la constitución de
una Junta de Compensación como medio para hacer ver que cumplían con el juzgado
y dar visos de legalidad a la ilegalidad sentenciada.
Con
fecha 6 de noviembre de 2013 enviaron certificación del acuerdo al juzgado, el
cual, después de ponerlo en conocimiento de los vecinos afectados por la
ocupación ilegal de sus propiedades, volvió a dictar un Auto con fecha 20 de
mayo de 2014 en el que reiteraba que con la aprobación de la Junta de Compensación, el
gobierno seguía sin cumplir la sentencia y volvía a dar, por tercera vez un
plazo de cinco días al ayuntamiento para que le comunicara la restitución de
los terrenos ocupados por Don Ambrosio, a sus legítimos propietarios.
La
efectividad de la comunicación de la desobediencia, que ha hecho el juzgado a
la fiscalía, no ha debido de preocupar mucho a la alcaldesa ni al concejal de
urbanismo, porque a día de hoy, siguen en su empeño de hacer operativa la Junta de Compensación
propuesta por el empresario.
Así,
el pacto de gobierno, en el Pleno de mayo de 2014, aprobó los Estatutos y Bases
de la Junta de
Compensación propuesta; y la
Junta de Gobierno Local del día 24 de septiembre de 2014
acordó aprobar el Proyecto de Compensación y la “monetización” del 10% del
aprovechamiento que, por ley, le corresponde al ayuntamiento en la Junta.
Es
decir, han acordado cobrar una cantidad de forma ilegal puesto que el Juzgado de
lo Contencioso número 3 de Las Palmas ya les comunicó que la constitución de
una Junta de Compensación no cumple el mandato de la sentencia:
“La
reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a su aprobación,
que pasaría, si de ello hubieren sido privados, por la restitución a los ejecutantes de la posesión de los terrenos cuya
titularidad ostentan”
Este
comportamiento, acorde con la cultura de “ilegalidad y desobediencia” que
constituye la Marca PP
- CIUCA, autores de las ilegalidades cometidas en Decathlon, y del PP-CC-CCN
desobedeciendo todas las órdenes judiciales, explica que Más por Telde no haya
tenido contestación en sus iniciativas sobre esta sentencia y la recuperación
de sus derechos por parte de los vecinos “expropiados” por la acción del
promotor.
En
enero de 2014, Más por Telde presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que
solicitaba: “copia del auto del Juzgado
de lo Contencioso número 3 de Las Palmas por el que se comunica al ayuntamiento
de Telde que con los acuerdos del pleno de 22 de octubre de 2013 considera
cumplida la sentencia y lo ordenado en su Auto de febrero de 2011”. Sin
contestación hasta la fecha.
En de
septiembre de 2014, reiteramos la iniciativa y, además de repetir la pregunta del
mes de enero, presentamos una nueva pregunta a Don Pablo, para que las
contestara en el Pleno de ese mes: “¿Cuando ha iniciado la concejalía de
urbanismo el expediente para la anulación, por el Pleno municipal, de las Bases
y Estatutos de la Junta
de Compensación aprobados en la
Junta de Gobierno Local de 22 de octubre de 2013, y de las
actuaciones que se hayan realizado para la constitución de dicha Junta de
Compensación?”
Evidentemente
seguimos esperando contestación a las dos preguntas.
Por
último, ante el reiterado silencio del señor Rodríguez, el pasado mes de
noviembre, solicitamos al Secretario acceso al expediente para conocer
directamente los distintos escritos del Juzgado. Pero tampoco pudo ser. Los
autos judiciales relativos al expediente los tenía el concejal responsable de
la asesoría jurídica, el Don Francisco López.
Una
vez más, es la prensa la que nos da la información que el gobierno nos niega.
Así nos enteramos del procesamiento de la alcaldesa, que posiblemente la
fiscalía tendrá que ampliar al pacto de gobierno al completo a raíz de su
complicidad en la desobediencia al aprobar en el Pleno del mes de mayo de 2014
el Plan de Compensación, cuando sabían, desde unos días antes, que el juzgado
de lo contencioso había dicho que, la maniobra del empresario apoyada por la
alcaldesa y Pablo Rodríguez de constituir una Junta de Compensación, es ilegal
por no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de
2009.
Dos
años antes. Mayo 2012. El ayuntamiento paga a este señor 13,2 millones de euros
a pesar de una sentencia del mismo Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las
Palmas.
¿Casualidades
de la vida?
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