Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en Melilla defendieron ayer la profesionalidad de la labor que realizand los miembros de la Guardia Civil en la frontera a la vez que solicitan que la misma se respete y se reconozca “el penoso trabajo que los guardias civiles de Melilla realizan en el cumplimiento de su misión de protección de las costas y fronteras defendiendo la legalidad y la seguridad de todos los melillenses”.
APROGC hacía estas declaraciones tras los hechos denunciados en el juzgado de instrucción nº 2 de Melilla por PRODEIN, Andalucía Acoge y SOS Racismo, sobre la actuación de la Guardia Civil el pasado día 18 de junio en la zona de entre vallas donde, supuestamente, fuerzas marroquíes agredían a inmigrantes que se encontraban en la zona en presencia de guardias civiles.
Asimismo, la delegación melillense señala que siempre han animado a quienes consideran que se está incumpliendo la ley en la labor fronteriza que denuncie ante la Justicia ya que hasta el momento no había sido así y si por el contrario se hubiera hecho, “desde el año 2004 ya habría abundante jurisprudencia al respecto”.
Lamentaron que estas denuncias se hayan llevado a cabo desde hace más de diez años a través de los medios de comunicación . “Siempre hemos criticado que ciertos colectivos aseveren en los medios de comunicación que los guardias civiles que prestan sus servicios en la protección del perímetro fronterizo de nuestra ciudad, realizan algo que han denominado ‘devoluciones en caliente’ apoyándose en imágenes o vídeos en los que se observaría la supuesta comisión de ilegalidades desde el 2004”.
APROGC considera que “en nuestro sistema democrático, la denuncia de hechos presuntamente delictivos para la depuración de las responsabilidades correspondientes, constituye el sano ejercicio de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos”.
En cuanto al proceso que en estos momentos está abierto por parte del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, la asociación dice que hasta la fecha la Fiscalía no se ha pronunciado sobre si existe delito o no y además el proceso se encuentra en fase de instrucción.
Por ello APROGC espera que “con la instrucción judicial se aclare si ‘la persona que permanece impasible’ es un guardia civil o no y si los hechos transcurren en suelo español o marroquí” además de que se aclare si las acusaciones vertidas contra los guardias civiles son ciertas o no “en cuyo caso confiamos en que caiga todo el peso de la ley sobre quienes las hubieran realizado”. La entidad además subrayó que rechazan “cualquier tipo de violencia”.
Una vez más la organización puntualizó que desde que se celebraran las I Jornadas sobre Inmigración organizadas por APROGC en Melilla, la cuestión de la inmigración ilegal por mar se aclaró ya que “ha quedado claro el papel que Marruecos tiene en el Salvamento Marítimo de los náufragos que se acercan a nuestro litoral y desde que los patrones de las pateras son detenidos, puestos a disposición judicial y enviados a prisión”.
En el caso de la llegada de inmigrantes por tierra, aún es necesario clarificar distintos aspectos aunque defienden que la aplicación del ‘Acuerdo de readmisión con Marruecos’ debería convertirse en la principal herramienta en la lucha contra la inmigración ilegal ya que permitiría la puesta en frontera de aquellas personas que hubiesen entrado irregularmente desde Marruecos, después de su identificación y primera asistencia sanitaria.
Al mismo tiempo lamentaron que aún no se haya celebrado la reunión del Comité Mixto Hispano-Marroquí anunciado hace unos meses por el Gobierno central y confían en que se produzca lo antes posible para que “con la aplicación de dicho acuerdo de readmisión, las actuaciones de los guardias civiles dejen de ser sistemáticamente cuestionadas desde algunos sectores”.
APROGC quiso recordar además que la denominada Ley de Extranjería es la ley orgánica de derechos y deberes de los extranjeros en España, donde se dedica una pequeña parte para los extranjeros que acceden irregularmente a España, “pero puesto que Marruecos no está obligado a cumplir nuestra legislación, al igual que nosotros no estamos obligados a cumplir la suya, no debemos esperar del país vecino que de cumplimiento a la devolución contemplada en nuestra ley orgánica”.
La asociación de guardias civiles también apuntó que el acuerdo de readmisión, el cual forma parte del ordenamiento jurídico de ambos países y obliga a ambos a su cumplimiento y por lo tanto “puede convertirse en la mejor herramienta en la lucha contra la inmigración ilegal y entendemos que los tratados internacionales pesan más jurídicamente que las leyes orgánicas”.
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