La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación “Ovidio”, han detenido a 50 personas integrantes del conocido ‘Clan de los Lateros’. Con esta actuación se considera desmantelada la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos a lo largo del Mediterráneo.
En la operación se han intervenido numerosos efectos entre los que destacan más de 700.000 euros en efectivo, parte de ello oculto en dobles fondos bajo el suelo y tras las paredes de los inmuebles de los líderes de la organización, así como cinco armas de fuego tipo escopeta y 33 vehículos, algunos de ellos de alta gama por valor de más de 200.000 euros e incluyendo también un camión cisterna para el transporte de combustible y tractores para el remolque de las embarcaciones.
Se han intervenido 25 embarcaciones dedicadas al abastecimiento de combustible, así como seis motos de agua, diez remolques de embarcaciones, siete motores de alta cilindrada y más de 40.000 litros de combustible destinado al aprovisionamiento de narcolanchas y se ha procedido al embargo de 42 activos inmobiliarios, de 85 vehículos, y al bloqueo y embargo de un total de 52 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras superando un valor total de cinco millones de euros.
La operación se inició, a principios de 2023, cuando los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en la barriada de Puente del Río (Adra, Almería), conocida como el ‘Clan de los Lateros’, que se dedicaba a la obtención, depósito y abastecimiento de grandes cantidades de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas e inmigración irregular mediante embarcaciones recreativas con amarres en los puertos deportivos de Adra y Almerimar, principalmente.
Fruto de esta información, los agentes intervinieron un gran número de embarcaciones, procediendo a sancionarlos administrativamente por contrabando por obtener irregularmente el combustible de las gasolineras.
Plataforma logística y embarcaderos ilegales
El denominado ‘Clan de los Lateros’, para el trasbordo del combustible en alta mar a las ‘narcolanchas’, lo realizaba en dos fases.
La primera era adquiriendo el combustible en diferentes gasolineras, generalmente mediante el repostaje de depósitos de gran capacidad (1.000 litros), que eran transportados en camiones o furgonetas, no habilitados para tal efecto, y generando con ello una situación de riesgo por el tipo de mercancía inflamable que transportaban sin medidas de seguridad alguna.
Posteriormente, este combustible era transportado hasta una parcela ubicada en la barriada de Puente del Río, donde la organización había adquirido la mayor parte de los inmuebles y había instalado gran cantidad de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, lo cual, unido a que se trataba de una zona aislada, generaba que este lugar, permanentemente vigilado por sus integrantes, constituyera una zona segura para el desarrollo de sus actividades ilicititas.
Este lugar se había convertido en una ‘plataforma logística’, donde la organización llegó a disponer de más de diez vehículos, entre camiones y furgonetas, que se dedicaban al transporte de combustible, destacando una de sus últimas adquisiciones, un camión cisterna.
En la segunda fase, el combustible trasvasado a garrafas se transportaba hasta fincas situadas en primera línea de costa del término municipal de Adra (Almería), donde la organización había construido ilegalmente embarcaderos. Allí poseía un número elevado de embarcaciones que eran empleadas para el transporte de las garrafas desde ese punto hasta las narcolanchas en alta mar. A lo largo de la presente investigación, estas embarcaciones se han podido vincular con desembarcos recientes de gran cantidad de migrantes en las costas de Almería, así como con alijos de hachís.
Actividad permanente y altos niveles de violencia
Estas embarcaciones recreativas podían llegar a transportar cantidades de entre 200 y 300 garrafas en cada viaje y casi a diario, llegando en un mismo día a salir hasta cuatro o cinco embarcaciones transportando combustible.
La organización se caracterizaba por el uso de violencia, ya que se habían registrado numerosos incidentes con terceras organizaciones hasta que se hacían con el control absoluto de la zona de costa desde la que operaban, así como contra gasolineras a las que amedrentaban, depositarios que no querían retirar las embarcaciones que se incautaban y la población civil que pretendía denunciar sus actividades ilegales.
Investigación de blanqueo
Los beneficios económicos que le reportaba estas actividades ilícitas era empleado para la adquisición y reforma de inmuebles, vehículos de alta gama y caballos pura sangre.
Dirección de la operativa criminal desde la cárcel
Por tal motivo, se estableció un amplio dispositivo policial en el que se realización de un total de 35 entradas y registros en las localidades de Adra y Berja. Asimismo, se ha realizado el registro de una celda del centro penitenciario de Acebuche (Almería) correspondiente a uno de los principales miembros de la organización, que dirigía las operativas desde prisión empleando para ello un teléfono móvil que ocultaba en la celda y con el que se comunicaba mediante aplicaciones encriptadas.
Se ha procedido a la detención de un total de 50 personas por los delitos de Organización Criminal, Tráfico de Drogas, Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, Contrabando, Contra la Seguridad Colectiva, Tenencia Ilícita de Armas, Sustracción de Vehículos y Blanqueo de Capitales.
Riesgo para la población
Las operativas de abastecimiento de combustible a ‘narcolanchas’ viene generando numerosas situaciones de peligro para la población que han dado lugar a diversos incidentes, como el hundimiento e incendio de embarcaciones con los vertidos asociados, o incluso el fallecimiento de la tripulación de alguna embarcación, generando en los diferentes núcleos de población en los que se desarrollaba esta actividad criminal una grave alarma social. El propio transporte en vehículo a través de poblaciones urbanas, o el depósito en lugares ocultos sin las condiciones adecuadas es, en sí mismo, un riesgo de extrema gravedad.
La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, cuyas investigaciones han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Berja y la Fiscalía Antidroga de la provincia.
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