Morales: Aunque el Consultivo dé luz verde a Amurga, el Gobierno insular se replanteará si es momento de proseguir con la compra

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Tras ser detectada la existencia de cauces públicos, “este es el camino correcto, por ello la revisión de oficio fue aprobada hoy por unanimidad del Consejo de Gobierno”.

• El informe de la Asesoría Jurídica que observa causa de posible nulidad fue emitido en enero de este año.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, explica que el acuerdo del Consejo de Gobierno para que el Consejo Consultivo determine si el expediente de Amurga presenta causa de nulidad fue aprobado por unanimidad dado el defecto de forma detectado con posterioridad al acuerdo de 2018, si bien en caso de que el Consultivo dé luz verde a su tramitación, el seno del Gobierno insular valorará igualmente si ahora es momento de proseguir con esta adquisición dados los cambios socioeconómicos acaecidos desde entonces.

Morales apunta que el acuerdo de 28 de diciembre de 2018 para adquirir cinco parcelas rusticas con fines medioambientales y de reforestación contaba con todos los informes favorables necesarios, tanto del Servicio de Medio Ambiente como de Patrimonio. Se trataba de dos parcelas en Gáldar y tres en San Bartolomé de Tirajana, en Amurga.

Posteriormente, como causa sobrevenida, se producen dos cuestiones no planteados en los informes iniciales, prosigue Morales, quien agrega que una era la existencia un coto de caza, que finalmente se concluyó que no afectaba al proceso, y la segunda, que sí causó controversia, era un informe del Consejo Insular de Aguas que apuntaba a la existencia de cauces públicos afectados en las cinco parcelas, tanto en las de Gáldar como en las de Amurga, y por tanto no podían estar incluidos en la adquisición porque ya eran públicos.

Tras este informe de Aguas, el Gobierno encargó que emitiera el suyo a la Asesoría Jurídica, que subraya que los cauces son bienes “inembargables, imprescriptibles e inalienables”, es decir, no se pueden embargar ni comprar, ni vence este derecho público, si bien su existencia se desconocía en el momento de la toma del acuerdo, insiste el presidente.

El informe jurídico, emitido a principios de este año, observa que se trata de una defecto importante que puede constituir causa de posible nulidad del acuerdo de 2018, así que recomienda elevarlo al Consejo de Gobierno para una revisión de oficio y solicitar al Consejo Consultivo que se pronuncie sobre esos visos de nulidad para, en su caso, adoptar esa nulidad de pleno derecho.

Como paso previo, el acuerdo será notificado a los 22 propietarios para que también se pronuncien al respecto y presenten las alegaciones que consideren.

Distinto sería, concluye el presidente, que el Consultivo finalmente determine que todo el procedimiento está correcto y no concurre causa de nulidad, en cuyo caso sería en el seno del Gobierno insular donde se discutiría la continuidad del expediente dado que “concurren distintas circunstancias socioeconómicas a las del momento en el que se planteó la adquisición de los terrenos, habrá que valorar si se trata ahora de una cuestión de necesidad, perentoria o de interés político proseguir en este momento con este expediente”.

“La situación deberá dirimirla en primera instancia un órgano externo, lo cual es positivo, y tras el informe del Servicio Jurídico, este es el camino correcto y por eso el acuerdo salió hoy por unanimidad”, sentenció.