Opinión.
En el día de hoy una
representación de padres, madres, personal docente y sanitario de toda la
Comunidad Canaria; siguiendo las recomendaciones sanitarias actuales, se ha
reunido frente a la Viceconsejería de Educación de Las Palmas de Gran Canaria
con el fin de dar visibilización a las más de 4000 familias, de todo el
archipiélago, que constituyen la Plataforma ciudadana “Vuelta al Cole Segura
y Libre en Canarias” apoyada por la Plataforma Nacional Derecho a la Enseñanza
sin Riesgo en Pandemia (DERPA).
Esta
iniciativa solicita ejercer su “derecho a decidir” entre educación
online o una vuelta a las aulas presencial, pero realmente segura, para quienes,
ya sea por necesidad o decisión personal así lo requieran. Creen que la
decisión unilateral por parte de las autoridades, en uno u otro sentido, supone
un agravio para todas aquellas familias que, de poder elegir, no optarían por
esa línea educativa dentro de un contexto tan excepcional como el actual.
Desde la plataforma nos informan que se ha detectado
más de 3000 familias que por circunstancias diferentes se mantienen
firmes en su decisión de no llevar a sus hijos e hijas al colegio
incluso tras las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y
aceptadas por la Consejería de Educación de Canarias, “Es nuestro deber
informar que esta situación desencadenará en la suba del absentismo en el
archipiélago; situación que todos los agentes implicados queremos evitar”.
Las
medidas que creen vulneran los derechos de salud y bienestar tanto para el
alumnado como para el profesorado de nuestra comunidad educativa, son:
·
La vuelta al colegio de forma presencial en grupos estables de
convivencia, los llamados grupos burbujas, donde se podrá interactuar sin
guardar la distancia mínima interpersonal y donde no se puede garantizar la seguridad.
·
No hay por parte de la Consejería de Educación de Canarias
intención de bajar la ratio dentro de los grupos, lo que entendemos como una
verdadera amenaza a la salud ya que, desde el propio Ministerio de Educación y
atendiendo a las recomendaciones sanitarias, se sugirió una ratio máxima de 20
niños y niñas por aula y en Canarias esa ratio se elevó a 25 alumnos y alumnas.
·
Se establece la responsabilidad de reconocer “síntomas Covid” a
familias y docentes, como si fueran personal sanitario y sabiendo que en este
tiempo no hemos podido apelar a la responsabilidad individual; motivo por el
cual nos encontramos en alza de la epidemia y ocasionando el colapso en los
centros sanitarios.
·
No se ha tenido en cuenta a los grupos de riesgo: niños, niñas o
familiares convivientes que son asmáticos, diabéticos, epilépticos, con
problemas respiratorios, coronarios, etc., obligando a la presencialidad
incluso en estos casos, sin la más mínima opción a optar por otras modalidades para
las familias que así lo deseen y soliciten.
Dejan
claro que desde las administraciones hasta el momento solo han recibido
amenazas pero que seguirán llevando a cabo diversas acciones para
llegar a una solución satisfactoria para todas las partes.
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