Canarias cuenta desde hoy con una nueva Ley de Servicios Sociales
José Antonio Cabrera. ASSOPRESS
El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad la norma más importante de esta legislatura, que garantizará el derecho subjetivo de la ciudadanía a cubrir sus necesidades básicas. “Una ley pensada por y para las personas y, en especial, aquellas con más vulnerabilidad. Para el desarrollo de una sociedad más justa”, según manifestó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en sede parlamentaria. La Ley ha sido consensuada con un amplio proceso de participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, Cabildos y Ayuntamientos.
En su intervención, Valido destacó la participación activa y generosa de muchos profesionales aportando sus alegaciones y enmiendas de alto contenido y ejemplar competencia la hace una norma de consenso total, “una ley”, enfatizó, “que es de última generación, de las mejores del Estado, que promueve la construcción de un sistema público de servicios sociales moderno, avanzado y garantista”. “Hoy es día de celebrar. Los diputados de este Parlamento han dado una lección a mucha gente que cree que no somos capaces de ponernos de acuerdo en estos temas tan importantes y que siempre situamos nuestras rencillas políticas por encima de las personas. Hoy hemos demostrado que podemos y que nos importan. Que hemos entendido que después de una crisis muy importante nos armamos de motivos y de redes para ayudar a las personas más vulnerables, y que por ellos, estamos aquí”, cerró la consejera.
La nueva norma viene a sustituir a la anterior Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, ofreciendo nuevas soluciones a los nuevos tiempos surgidos tras la crisis económica y la incorporación de normas tales como la Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción o la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Además, impulsa un nuevo sistema público de servicios sociales, integrado por el conjunto de administraciones públicas canarias coordinadas en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y de asistencia social, de titularidad pública y privada, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
Se crea, con esta Ley, un sistema público de servicios sociales que reconoce, protege y garantiza en mejores condiciones la importante labor que las entidades del tercer sector de la acción social desarrollan en la prestación de los servicios sociales, configurando un modelo de atención personalizada pero sin perder el entorno vital personal, familiar, grupal y comunitario de las mismas.
El documento introduce el derecho innovador de que cada persona pueda expresar la propia voluntad de forma anticipada, y que esta sea respetada una vez la persona tenga limitada su capacidad de obrar.
Además, implementa la cooperación interdepartamental e interadministrativa, a través del Sistema Canario Unificado de Información, el Registro Único de Entidades, Centros y Servicios, el Historial Social Único y el Plan de Intervención Social Integral; y permite la mejora inmediata de la PCI intensificando la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a las familias con menores, ya que permanecerán en el sistema aquellas con menores a su cargo y sin rentas o con pocas rentas.
Este texto insta a la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales y el Observatorio Canario de Servicios Sociales, con la finalidad de promover las medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad en los servicios sociales. Igualmente, impulsa el desarrollo del plan de inclusión social y lucha contra la pobreza; el plan específico para la población infanto-juvenil, y el primer diagnóstico del Observatorio Canario de los Servicios Sociales.
La nueva normativa contempla el diseño de un catálogo de servicios y prestaciones que definirá el mapa de recursos de atención social en Canarias, y establece en seis meses el plazo para su aprobación. Asimismo, obliga al refuerzo de los servicios de inspección y al desarrollo del art. 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias de una nueva ley de Renta Social Ciudadana.
Se fija una financiación a los Cabildos de, al menos en un 50 por ciento, y a los ayuntamientos entre el 40% y 60%, según número de habitantes. Habrá cuatro planes de financiación plurianuales, de manera que en 12 años se alcanzará una financiación de 900 millones de euros que podrá garantizar el coste real el Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de Canarias.
Todas estas medidas situarán a Canarias en los rankings de excelencia que determinan el gasto social en los servicios de promoción y protección social para el Bienestar Social y Calidad de Vida de su población.
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