Con el eslogan Estudiar no cuesta tanto, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 -el último año de bonanza que dio paso a la peor crisis económica en España- una iniciativa que facilitaba a los universitarios poder cursar estudios de postgrado gracias a una financiación cómoda y con interés cero.
La propuesta, dada a conocer ampliamente a través de los medios, sonaba socialmente interesante y suponía un importante incentivo en un mercado laboral, que en ese momento sólo tenía una tasa de paro entre los menores de 25 años del 18,5% pero que cinco años después superaría el 53%.
Así lo entendieron los miles de estudiantes que se adhirieron masivamente a esta línea de financiación de estudios conocida como Prestaciones Renta Universidad (PRU). En esa convocatoria, 3.462 jóvenes solicitaron un total de 42,48 millones de euros con unas condiciones muy atractivas, según los datos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sólo en los cuatro primeros días, 658 universitarios pidieron los créditos, que no necesitaban ni aval ni garantía.
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Sin embargo, la ilusión de los que veían en las PRU una oportunidad para culminar sus estudios duró poco, apenas un año, y la oportunidad de seguir formándose se convirtió en una pesadilla para muchos de los que optaron a los préstamos en los ejercicios siguientes.
La iniciativa se fue degradando hasta acabar totalmente con su esencia. Se incorporaron intereses a los préstamos y se obvió la cláusula de ingresos mínimos, lo que dejó entrampados a 12.167 estudiantes -los que formalizaron préstamos en las convocatorias2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011- que sin ingresos, sin trabajo y sin opciones de futuro tienen que afrontar una deuda con los bancos que no pueden pagar.
En total, durante esos ejercicios se formalizaron créditos por valor de178 millones de euros, de los 450 millones que contemplaba la línea de financiación del ICO que acabó con la llegada del Partido Popular al poder.
Santiago, Benjamín, Jesús, Luz, Idaira, Roberto, Germán... son solo algunos de los estudiantes que solicitaron el préstamo en las convocatorias posteriores a 2007 y que no han logrado un trabajo digno para acabar con su deuda. Algunos afrontan los pagos gracias a la familia, otros dejaron de pagar hace tiempo y bastantes ocultan que están atrapados por los préstamos universitarios.
Jesús García de las Bayonas tiene 31 años y pidió un préstamo de 15.000 euros en 2009 para hacer un máster de Estudios Avanzados de Filosofía. Jesús, que tiene una discapacidad del 23%, no ha tenido empleo en los últimos años, pero todavía debe 9.000 euros de su préstamo al banco que sigue pagando su familia. En su convocatoria no se contemplaba el pago de intereses, una cláusula que se incluyó en 2011.
Idaira, de 31 años, todavía debe al banco 14.000 euros. Vive sola con su hijo con un 38% de discapacidad. Ella solicitó el préstamo en 2009 y ahora no es capaz de pagarlo, ya que solo recibe pequeñas ayudas públicas que irán desapareciendo en el corto plazo. Mientras, Mabel,licenciada en Turismo, que habla perfectamente inglés y alemán, que emigró a Alemania y regresó a España para hacer un máster, percibe unos ingresos de 580 euros con los que tiene que hacer frente a cuotas mensuales del préstamo de 120 euros.
Luz da un nombre ficticio porque le da "vergüenza" reconocer el calvario que está pasando. Es doctora en Psicología, título que se pagó con el crédito de 22.800 que le concedieron por este programa. Luego, el paro, no poder pagar las cuotas del préstamo, tener que irse de Madrid y volver a casa de sus padres, la depresión, la tristeza, verse incluida en la lista de morosos... "Me da vergüenza que se sepa que me está pasando esto a mí. Mis padres son muy mayores y no les he querido dar este disgusto. Les escondo las cartas del banco para que no se enteren. Sufro una depresión, se me cae el cabello... Esto me está matando. No tengo ni Seguridad Social y dependo absolutamente de mis padres".
Luz, debe unos 21.000 euros de los 22.800 que pidió, "desde marzo del 2016 no puedo pagar la cuota de 262,43 euros". Ahora, con la proposición no de ley aprobada en el Congreso espera que "se solucione nuestro caso" porque "me está quitando la vida".
Miguel Ángel Andrés Llamas, abogado y portavoz de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, asegura que el engaño estuvo en que se ofrecieron préstamos mercantiles con la apariencia y publicidad de préstamos renta.
"Un préstamo renta sólo se devuelve si se obtiene una renta futura. En puridad, sólo en 2007 se ofrecieron verdaderos préstamos renta. Desde 2008 se ofrecieron préstamos mercantiles utilizando la denominación de préstamos renta. Tanto el Ministerio de Educación como las entidades financieras colaboradoras han incumplido sus deberes de información", asegura el abogado.
"Además, los bancos están requiriendo el pago a los afectados cuandono tienen potestad para ello, ya que el dinero del programa es público y de acuerdo con los convenios suscritos por el Ministerio y el ICO los bancos no pueden recobrar en caso de impago. Vamos a exigir el cese del cobro de intereses de demora, comisiones por reclamación de posiciones deudoras y la inclusión en ficheros", concluye el portavoz de los afectados.
Javier Sánchez Serna, diputado de Unidos Podemos, grupo parlamentario que recientemente presentó una proposición no de ley que apoyaron el resto de los grupos, excepto el Partido Popular que se abstuvo, para que el Gobierno negociase con la Plataforma de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, asegura que el objetivo es parar las prácticas abusivas de entidades bancarias.
El diputado destaca que hay más de un millar de estudiantes que ya se han organizado a través de plataformas, pero que previsiblemente hay miles de universitarios incapaces de afrontar los pagos.
El comienzo de las negociaciones supondrá una puerta abierta para muchos. Los afectados insisten en que tienen la intención de pagar sus deudas, pero piden que se considere la situación excepcional en la que se dieron los préstamos, sin prever que la situación económica de nuestro país llegaría a límites de precariedad y paro juvenil extremos.
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